El Consell de Govern aprobó hoy la Ley del Sector Público, mediante la cual el Ejecutivo pretende evitar nuevos casos de corrupción en torno a las empresas u organismos públicos, para lo cual se potenciarán los controles de cara a que se produzcan abusos de poder o desvíos de fondos para intereses privados.
Así lo informó en rueda de prensa posterior la portavoz del Ejecutivo autonómico, Joana Barceló, quien confió en que esta Ley sea remitida "lo antes posible" al Parlament para su tramitación y aprobada con la unanimidad de todos los grupos. "Escucharemos las propuestas que presenten PP y UM a fin de garantizar que la norma salga adelante y garantice este control con máxima transparencia y eficiencia", manifestó la portavoz.
Tal y como explicó, la Ley supone la actualización de la ley autonómica del sector público, que data de 1989, y tiene como principal objetivo regular todos los aspectos de su régimen jurídico para sistematizar y dar soluciones a los problemas de "huída" de los controles públicos.
Actualmente, el sector público de las islas cuenta está formado por 170 entes, de los cuales 104 son consorcios, 30 fundaciones, 16 entidades públicas empresariales, 15 sociedades mercantiles y cinco organismos autónomos. El Govern remarca que el 88 por ciento de estos entes públicos fue creados durante la pasada legislatura y detalla que el Ejecutivo participa mayoritariamente en 76, cuyo volumen presupuestario asciende a cerca de 2.000 millones de euros y una deuda de 1.392 millones.
Algunas de sus principales características de la nueva Ley son el control del gasto con sistemas comunes en todos los entes, limitar la desviación del gasto respecto los presupuestos aprobados, evitar la picaresca en la aplicación de la Ley de Contratos y fomentar la eficacia, eficiencia y transparencia en su gestión.
Otras de las novedades es que impone la autorización previa del Consell de Govern para las contrataciones a partir de determinadas cuantías, mientras que, por otro lado, condiciona el acceso a la deuda a corto plazo que se destine a financiar los desvíos presupuestarios.
Además, la nueva normativa impedirá el exceso de gasto respecto a los presupuestos aprobados y el Govern podrá acordar que los sistemas de información contable de los entes se integren en el sistema de información económico-financiera general de las islas.
Por otra parte, el Ejecutivo reglamentará el tipo de información que los entes tengan que suministrar a la Conselleria de Hacienda, de manera que aquellos que incumplan esta medida podrán ser sancionados. La Ley también crea los comités de auditoría, que estarán integrados por representantes de la intervención de la comunidad, así como por los auditores y los gestores de los entes, que realizarán un control continuo de las cuentas.
LIMITAR LAS DIETAS
La ley, que se prevé que inicie su recorrido parlamentario en un plazo máximo de seis meses, establece también criterios homogéneos en cuanto a los consejos de administración y los sueldos de los gerentes de los entes públicos. De este modo, se intentará que el límite de las dietas no supere los 200 euros, aunque estos parámetros se podrán superar mediante acuerdo del Consell de Govern.
Por otro lado, el Govern podrá establecer medidas de control sobre aquellas entidades que incumplan los deberes de suministro de información o de rendición de las cuentas anuales, así como sobre aquéllas que tengan informes de auditoría con advertencias reiteradas o no reintegren los fondos autonómicos no utilizados. Entre estas medidas, podrían encontrarse la necesidad de una autorización previa para iniciar la tramitación de operaciones de financiación o para llevar a cabo actos de gestión económica-financiera del ente.
Además, la Ley establece condiciones para la creación de nuevos entes mediante unos requisitos previos, como realizar un análisis previo de su necesidad, el diseño de un plan estratégico, la elaboración de un plan de viabilidad o la previsión de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para su funcionamiento.
El Govern ha reducido un 20 por ciento el número de empresas y fundaciones públicas, así como el 50 por ciento de altos cargos en algunos departamentos, después de que decidiera el pasado 7 de febrero eliminar las Consellerias de Medio Ambiente y de Deportes y Juventud, tras la decisión del presidente, Francesc Antich, de expulsar a UM de esta institución, como consecuencia de la implicación de varios dirigentes de este partido en la Operación Voltor.
