Las leyes que regulan la vida de casi todo hijo de vecino no se aplican de igual manera a quienes las aprueban. En el caso de la jubilación, la comparación entre trabajador de a pie y político resulta especialmente odiosa. Para conseguir la pensión máxima (2.500 euros al mes) un cotizante raso tiene que acumular 35 años de aportaciones a la Seguridad Social y, además, cobrar la base máxima durante sus últimos quince años de vida laboral (los que se toman para fijar la cuantía de la pensión). El sistema cambia cuando se trata de diputados y senadores: a ellos les basta con cotizar siete años para acceder a un complemento a cargo del presupuesto de las Cortes que les lleva a cobrar el tope legal establecido por ley. De que así fuera se encargaron el 11 de junio de 2006 diputados de todos los colores políticos: votaron y aprobaron en el Congreso el reglamento de pensión parlamentaria, que convierte el privilegio en letra de ley.

¿Y cómo le explica un diputado mallorquín a los votantes a los que se les quiere retrasar la jubilación que él solo precisa siete años de cotización para garantizarse la pensión máxima? Recoge el guante con arrojo el diputado socialista balear menos sospechoso de jubilación, el recién llegado Pablo Martín. "Suena a abuso, sin duda. Pero el reglamento está mal explicado. Bono [el presidente del Congreso] nos remitió una información en la que aclara que tras cotizar siete años las Cortes pueden pagar un complemento de 1.045 euros para alcanzar la pensión máxima, pero tenemos que cotizar igual quince años para tener pensión. La realidad es que apenas se aplica: han pasado entre 3.700 y 3.800 diputados por las cámaras, y apenas 70 se acogieron a ese régimen".

Más fácil lo tienen el presidente que promueve la reforma de las pensiones, que tiene garantizada una pensión vitalicia equivalente al 80% de su salario actual (unos 92.000 euros). Tampoco les va mal a los ministros, que cuando dejan el cargo siguen dos años con el 80% de su sueldo. Y eso por no hablar de las instituciones complementarias –consejos consultivos, Consejo de Estado, consejos de administración de empresas públicas– empleadas para redondear el salario de retiro de algunos de los 76.000 políticos profesionales que en España se embolsan 720 millones cada año.