Apenas 24.000 privilegiados podrán jubilarse en Balears a la edad de 65 años. Si el Gobierno vence la frontal resistencia de los sindicatos y aprueba el retraso hasta los 67 de la edad de retiro, tres de cada cuatro trabajadores mallorquines (el 77%) deberán esperar dos años más para acceder a su pensión. Serán así más de 470.000 los cotizantes de las islas que tendrán que alterar sus planes de jubilación, según los datos cruzados del Instituto Nacional de Estadística y la Seguridad Social.

La mayoría de los afectados por el cambio (380.994) lo serán de lleno: se retirarán directamente con 67 años. Otros 89.411 trabajadores de las islas verán a su vez cómo el paso a la jubilación se retrasa unos meses. Es el caso de quienes tienen ahora entre 50 y 61 años, para los que está prevista una ampliación gradual del final de la vida laboral. O traducido: quien ahora tenga 61 años, se jubilaría con 65 años y dos meses, edad que pasaría a 65 años y cuatro meses para quienes cuentan 60, y así sucesivamente, sumando dos meses a cada tramo de edad (ver gráfico).

Aunque todo podría cambiar en las próximas semanas. De momento, los sindicatos prometen lucha. Y parten de una oposición monolítica, de la que no se desmarca ni una sola plataforma de trabajadores. Se lo confirmaban ayer a este diario los portavoces y líderes de los sindicatos mayoritarios y de las principales agrupaciones profesionales, dispuestas a dar la batalla en la calle. "No nos gusta nada. No lo aceptaremos de ninguna manera. Ni siquiera lo han hablado con los sindicatos. Pero lo peor es que realmente no está justificado: no se puede proponer algo así semanas después de negar tajantemente esa posibilidad y cuando el peor año laboral se cierra con 10.000 millones de superávit en la Seguridad Social", afirma Manuel Pelarda, secretario de Acción Sindical del sindicato UGT en Balears.

Sus palabras se repiten sin apenas matices en sindicatos como CCOO, CSI-CSIF o USO y en colectivos como los de pescadores, bomberos, agricultores o sanitarios. "No tiene sentido cuando se está hablando de rebajar cotizaciones a las empresas, como propone la patronal", zanja el responsable de Empleo de la delegación balear de Comisiones Obreras, que alude además a la heterogeneidad de la masa laboral para descalificar la propuesta del Gobierno. "Es que no se puede tratar igual a alguien que trabaja en la limpieza o en un andamio que a un piloto o un profesor universitario. Es absurdo. La solución pasa por una jubilación flexible y gradual que permita atrasar el retiro en unos casos y adelantarlo en otros", añade. En la idea abunda la responsable de salud laboral de CCOO Balears, Ángeles Niño: "Es absurda una reforma que trata a todos por igual. Recibimos cada día a camareras de la hostelería que con 40 años tienen la espalda destrozada. Lo mismo sucede con la construcción o con gente con una carga de estrés brutal, como enfermeros o trabajadores de prisiones", remacha.

La oposición monolítica a la medida solo encuentra dos fisuras en Mallorca: la de la patronal y la del PSIB-PSOE, que ayer apelaban a la necesidad de reformar el modelo para hacerlo sostenible. "Es una apuesta clara del Gobierno central por el futuro y la sostenibilidad", razonaba Joana Barceló, portavoz del Govern, que horas después se topaba con el rechazo de sus socios del Bloc. "Su opinión no es compartida por sus socios en el Govern", advertían. Si encontraba el aplauso del presidente de la patronal balear (CAEB), Josep Oliver, que califica la propuesta de "necesaria" e "interesante". "Es un buen punto de partida. Pero deben incorporarse ventajas para las empresas a través de las cotizaciones que pagamos", concluye.