El sector educativo ve insuficiente reforzar la autoridad del profesor sólo a nivel jurídico

MAR FERRAGUT. PALMA. ¿Deben los profesores tener estatus de autoridad pública, como un juez o un policía? Eso es lo que persigue Esperanza Aguirre en Madrid. Y eso es lo que un juez de Las Palmas ha considerado al condenar a una alumna a un año de libertad vigilada y a pagar una indemnización a una profesora a la que le dio un puñetazo. La mayor parte del sector educativo balear apoya que el profesorado sea autoridad pública, pero subraya que por sí sola la medida no soluciona nada.
Los primeros que tienen esta opinión son los responsables de la conselleria de Educación, que reconocen que este tema no se está planteando por el momento porque como única medida no les parece la más adecuada.

Los profesores no lo apoyan

El colectivo aludido tampoco se muestra a favor de recibir el estatus de autoridad pública. Si lo tuviesen, a nivel judicial serían tratados como un juez o un policía. Esto quiere decir que ante un conflicto ocurrido en clase (véase una amenaza o una agresión por parte de un alumno), la versión que contase el profesor tendría prevalencia sobre la que contase el estudiante.
Desde el sindicato STEI-i, mayoritario en el sector de la enseñanza, su secretario general, Biel Caldentey, explica porqué rechazan la idea: "No es necesario". Así lo entiende después de la sentencia del juzgado de Las Palmas ya que allí el profesor no tiene la categoría de autoridad pública pero eso no ha sido impedimento para que un juez "actuase con contundencia".
Para Caldentey, el problema de la autoridad del profesorado no se resuelve de esta manera, sino apostando por la cultura preventiva, con medidas como los proyectos de centro y la formación específica de los docentes.
Desde Comisiones Obreras, Rafel Pons, secretario general de la Federación de Enseñanza, entiende que es más importante "poner mejores condiciones para que los profesores puedan hacer un buen trabajo" que cambiarles la categoría jurídica. Pons defiende que en Balears la manera de "revalorizar" la figura del docente pasa más por disminuir las ratios o aumentar el personal de atención a la diversidad. "No basta con ponerlo en un papel", añade, "toda la sociedad tiene que hacer una reflexión".
En una línea similar se expresa el representante de los directores de institutos, Manel Perelló, a quien le parece bien otorgar ese estatus a los docentes y también a los directores, pero que cree que es necesario que toda la sociedad se implique en el proceso de "dar al profesor autoridad moral y reconocimiento". "La solución no es solo ´judicializar´", apunta, "ha de haber medidas de organización docente, más recursos para atender a la diversidad...".
Los padres tampoco se muestran entusiasmados con la idea. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (COAPA), su presidente Fernando Martín se muestra rotundo: "La solución punitiva no solventa la pérdida de autoridad por parte de los profesores; la autoridad se gana con confianza y respeto". Martín considera que la idea de Aguirre es "populista" y que la solución es la prevención.
El presidente de COAPA entiende que el profesor antes era una figura "referencial", pero ahora ha perdido un poco ese ´aura´ al haberse popularizado el acceso a las fuentes de conocimiento. "Hay que adaptarse a los tiempos", señala Martín, quien cree que hace falta que en la escuela se trabaje "el tema de los valores y la ciudadanía".
Jordi Llabrés, presidente de las asociaciones de padres de colegios concertados (CONCAPA), apoya un proceso para dignificar la figura del docente pero también enumera muchas medidas complementarias como mirar el contexto, crear comisiones de convivencia en los centros, potenciar la figura del mediador... "Se ha de hacer un análisis de las causas", reflexiona.
Esther Rodríguez es la profesora canaria que recibió el puñetazo de una de sus pupilas. Tras la sentencia, la docente ha expresado su satisfacción por el fallo y ha deseado que su caso "haga pensar" a alumnos y padres.