Administración. Altos Cargos
REDACCIÓN. PALMA.
Ni un solo político balear admitirá abiertamente ser machista. Las comisiones parlamentarias se llenan de palabras que van de la "igualdad" a la "discriminación positiva", sin que nadie ose dudar de la capacidad de la mujer para desempeñar labores legislativas, ejecutivas o judiciales de cualquier nivel. Sin embargo, la composición de las administraciones y las instituciones públicas tiende a desmentir las palabras de los próceres en la primera comunidad que aprobó la paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales. El caso del Ejecutivo autonómico es flagrante.
De las quince consellerias del Govern balear –contando como tal la presidencia del Ejecutivo–, sólo cinco están en manos de mujeres: son Asuntos Sociales, Trabajo, Comercio, Agricultura e Interior. Hasta hace poco, una sexta consellera –Bárbara Galmés– ocupaba la cartera de Educación y Cultura, pero acabó siendo sustituida por un hombre, Bartomeu Llinàs.
Bucear en esas mismas conselleries en busca de altos cargos nos da la misma proporción de dos a tres favorable a los varones. De los casi 160 cargos equiparables a las direcciones generales –incluyendo las principales empresas públicas y consorcios–, sólo 53 corresponden a mujeres. Si limitamos el cómputo a las direcciones generales en sentido estricto, la cifra queda aun por debajo de ese tercio: 18 mujeres frente a 46 hombres.
Educación y Asuntos Sociales han sido dos de las primeras áreas que se abrieron a la participación femenina, y en Balears son ambas las que mayor número de mujeres presentan en altos cargos, sin que la cifra llegue a superar ese tercio de media, en el caso de Educación.
Siete mujeres dirigen otros tantos departamentos de los 22 que cuenta esta Conselleria, incluyendo en el listado las delegaciones territoriales en Menorca y Pitiüses, las agencias y los consorcios de la Administración educativa. No se debe olvidar que este departamento vela porque los valores de igualdad impregnen los estudios de los educandos.
Algo más generosa es la proporción en la conselleria de Asuntos Sociales, en la que siete de dieciséis altos cargos están en manos de mujeres. Si bien es la más cercana a la paridad, tampoco la alcanza, y cabe recordar que éste es el departamento responsable de la promoción de las políticas de igualdad y la defensa de los derechos de la mujer desde el Institut de la Dona. Deportes (con una mujer frente a cinco hombres), Economía (dos frente a nueve) y Comercio (tres frente a once) ocupan el lugar más bajo de la tabla en cuanto a paridad entre sus altos cargos, y es preciso observar que cada una de ellas está en manos de una marca electoral diferente: UM ostenta Deportes, el Bloc lleva Comercio y el PSOE dirige la Economía.
Sin embargo, y dado que las fuerzas del Pacto se reparten los altos cargos en cada conselleria –oficialmente para impedir la creación de compartimentos estancos en la Administración; oficiosamente por desconfianza entre partidos–, no se puede juzgar con facilidad qué formaciones respetan más el código de la paridad en "sus" carteras.
El Govern puede aducir que la ley de Paridad no le afecta , puesto que se trata de una norma electoral que prefija la composición del Legislativo, no del Ejecutivo. Sin embargo, el Parlament tampoco está cerca de respetar completamente la misma ley que aprobó en 2002, durante la anterior legislatura del Pacto de Progreso.
De los 59 diputados que componen la cámara, 27 son mujeres y 32 son hombres. ¿La razón de esta desigualdad? Que la paridad se aplica a las listas de cada formación, no al aparato legislativo en sí; y si observamos la composición de cada grupo parlamentario veremos que sólo el PP cumple a rajatabla el principio de paridad, con sus 14 mujeres por 14 hombres, seguido por el PSOE, con nueve diputadas por once diputados. Las renuncias al escaño y los consiguientes movimientos en las listas electorales ocasionaron esta desproporción entre sexos en el grupo socialista.
La tercera fuerza política con grupo propio, el Bloc, queda peor parada: sólo una mujer representa a los cinco miembros de la formación progresista, y no es otra que la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago.
En el Consell, el gobierno insular que preside Armengol logra en cambio representar la proporción exigida por la ley en las listas al pleno de esta corporación supramunicipal. Siete de los catorce consellers ejecutivos son mujeres, empezando por su presidenta, Francina Armengol; y ello después de haber añadido a media legislatura un hombre más –el petrer Joan Font– para llevar la cartera de Cultura a la que ha renunciado Joana Lluïsa Mascaró.
En el ayuntamiento de Palma también son mayoría las mujeres con cargo ejecutivo: la alcaldesa Aina Calvo hace que la proporción sea de nueve regidoras por ocho concejales.
Pero Cort y el Consell pueden ser el espejismo de una realidad mucho menos halagüeña. Si alguien se toma la molestia de contar el número de alcaldías ´femeninas´, encontrará un número poco esperanzador: Sólo tres mujeres más –Maria Teresa Munar (UM, en Sant Joan), Isabel Alemany (UM, Andratx) y Rosa Vich (GPSM, Santa Maria)– acompañan a Calvo como primeras varas de los 51 pueblos mallorquines.
