Vicens, condenado a 4 años y medio de cárcel y Nicolau a 2 años y 3 meses

FELIPE ARMENDÁRIZ/V.E. PALMA. La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia condenó ayer al ex conseller de Territorio y al ex director insular de Territorio en el anterior Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens y Damià Nicolau, a cuatro años y medio de cárcel y dos años y tres meses de privación de libertad, respectivamente, por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con otro de prevaricación. La sentencia, que puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo, culpa a Vicens de pagar 12.020 euros de fondos públicos a su contable, Tomás Martín San Juan, condenado a una pena de 9 meses de prisión, para gratificarle por sus servicios, entre los que destaca la consecución de facturas falsas de cara a un posible fraude fiscal.
El tribunal formado por Antoni Terrasa, Felisa Vidal y Javier Muñoz (ponente) ha impuesto a los tres acusados las mismas penas solicitadas por la fiscalía anticorrupción. Los cuatro años y medio de Vicens, actual diputado en el grupo mixto del Parlamento, y los dos años y tres meses para Nicolau, que dimitió de secretario general de UM debido a este fleco del caso Son Oms, la presunta trama de corrupción en torno al polígono industrial del mismo nombre, son de obligado cumplimiento si el fallo adquiere firmeza.

Inhabilitación absoluta

El TSJB también condena a Vicens, defendido por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, a 8 años de inhabilitación absoluta y a Nicolau, representado por José Manuel Valadés, a otros 4 de inhabilitación.
La sentencia mantiene que Vicens, al que se investiga en el mismo Tribunal Superior por fraude fiscal y otros delitos dentro del caso Son Oms y que también está encausado en los sumarios de Can Domenge y Maquillaje, decidió, a finales del 2006 o principios del 2007, aprovecharse de su cargo de conseller de Territorio para gratifica a su contable con cargo a los fondos de su departamento.
Así, y con la complicidad de su director insular, Damià Nicolau, Vicens promovió un contrato menor en el Consell en teoría para redactar un informe externo sobre el valor del suelo en Mallorca, de cara, según ambos condenados, a estudiar una posible moratoria urbanística.
La sentencia recalca que Tomás Martín San Juan, defendido por Gaspar Oliver y Ricart Mesquida, pese a ser economista y contable carecía de la capacitación técnica para un estudio inmobiliario. Además, en el seno del Consell, trabajaban 14 técnicos altamente capacitados para dicho cometido.
El tribunal, empero, tilda de totalmente innecesario para el bien común el estudio, que Martín plagió en internet y tradujo al catalán también con otra página web. La sentencia destaca que el informe no tuvo uso alguno y no aportaba nada que no estuviera al alcance de cualquier internauta.