Matías Vallés. La política mallorquina se mide en años de cárcel

MATIAS VALLES Hay que celebrar la incorporación del Tribunal Superior de Justicia a la lucha contra la corrupción. La ejemplar condena por un estudio absurdo, plagiado y sobrevalorado habrá erizado los cabellos de más de un ex conseller y conseller con asiento en el Parlament. También a la izquierda, o sobre todo a la izquierda, tan generosa en la dilapidación de pequeñas sumas como la derecha en la malversación de grandes cifras.
La política mallorquina se mide en cárcel. El marcador actual de la corrupción establece cuarenta años de prisión para el PP frente a siete para UM. En sentencias condenatorias, ocho a dos para los populares, y la mayoría de procesos se hallan en su fase inicial. Queda claro que el aprovechamiento delictivo de los cargos ha sido la labor esencial de ambos partidos.
En la actualidad, el 67 por ciento de los diputados de UM en el Parlament se hallan imputados en escándalos, una circunstancia que ha llegado a afectar al 67 por ciento de sus consellers en el Govern de Antich –la cifra se ha moderado hoy a un 33 por ciento–. La corrupción salpica al presidente actual de la formación y a sus dos predecesores.
Las cifras no mejoran en el Consell, donde el 67 por ciento de los representantes de UM se hallan imputados por presunta corrupción –y la cifra puede coronar el cien por cien, según se resuelva el caso pendiente de Dolça Mulet–. En Cort, el porcentaje supuestamente corrupto de UM se eleva a un 50 por ciento, cifra modesta para los estándares del partido. En el actual Parlament hay ocho imputados –cinco del PP, dos de UM, uno del PSOE–, un catorce por ciento con tendencia al alza. En resumen, Antich considera que las cosas pueden seguir como hasta ahora.