El Govern incluye medidas contra los alquileres ilegales en su ley de vivienda

C. CANALS. PALMA. La conselleria de Vivienda ultima la regulación autonómica de la vivienda, en el que se abordará la situación de los alquileres realizados fuera del control de la Administración.
El departamento del socialista Jaume Carbonero afirma ser "consciente" del problema que supone la existencia de una bolsa de arrendamientos que –además de suponer un perjuicio a las arcas públicas– dificulta la aplicación de los derechos de propietarios e inquilinos, desde la delimitación de responsabilidades ante una avería común hasta el desahucio del arrendatario.
Así pues, la Conselleria confirma que la ley incluirá un catálogo de infracciones y control sobre las viviendas en alquiler, aunque no se da por seguro que a ello siga un capítulo de sanciones específicas, pues si bien la Comunidad Autónoma dispone de competencias exclusivas en materia de vivienda, el fraude fiscal corresponde a la Agencia Tributaria.
En cualquier caso, la futura normativa autonómica irá dirigida a fijar más claramente los derechos y deberes de arrendatarios y arrendadores, en el mismo sentido que la reciente ley estatal de fomento y agilización procesal del alquiler –el famoso desahucio express–, así como la ley de prevención del fraude.

Sin cifras propias

Se da la circunstancia que la Comunidad no dispone de información propia sobre el número de alquileres que se producen en su territorio, dado que estos datos sólo son recogidos por el ministerio de la Vivienda a partir de los padrones municipales.
Aunque la ley de prevención del fraude autorizó a la Agencia Tributaria a utilizar la información de las compañías de gas, agua y electricidad para detectar los alquileres fraudulentos, en la práctica el fisco nunca se ha acogido a esta opción, a pesar de la insistencia de sus propios técnicos.
Precisamente el sindicato de estos profesionales, Gestha, ha denunciado que en Balears cerca del 52 por ciento de los arrendamientos de la vivienda se realizan al margen de la Hacienda pública, sin incluir en esta cifra la proliferación de alquileres vacacionales ilegales.
En total Gestha calcula que unas 28.400 viviendas del archipiélago escapan al control del fisco, una cifra sobre la que la Agencia Tributaria ha mostrado sus reservas.