Aprobados los primeros 35 millones estatales para el tranvía de Palma

VIRGINIA EZA. PALMA. El Govern aprobó ayer el convenio con el ministerio de Fomento por el que el Gobierno central destinará 35 millones de euros correspondientes a 2009 para la ejecución del tranvía de la Badía de Palma. El conseller de Movilidad, Biel Vicens, mostró su satisfacción por este convenio ya que permitirá "continuar con la tramitación del proyecto, que estaba paralizada", si bien lamentó que el acuerdo no incluya desde ya la inversión estatal "de 380 millones a la que se comprometió verbalmente el Gobierno central, ya que esto es lo que garantiza que el Estado pagará integramente esta infraestructura".
Calculó que las obras no podrán comenzar hasta finales de 2010, si bien los 35 millones "no corren peligro ya que si no se gastan pasan al siguiente ejercicio". Agregó que "el problema no es el convenio que se ha aprobado, que es "satisfactorio porque permite desencallar el tranvía, sino que no se haya optado por firmar un convenio con la inversión estatal global". Así, recordó que "el convenio ferroviario fija la inversión estatal de 440 millones, a partir de la cual se establecen las partidas anuales", mientras que con el tranvía "es al revés, ya que por ahora lo único garantizado por escrito son esos 35 millones".
Además de este convenio, el Govern aprobó un decreto por el que las urbanizaciones de chalés puedan pedir licencia de edificación aunque no cuenten con servicio de alcantarillado, siempre que esté listo en dos años. También aprobó las prórrogas de las concesiones de transporte regular por carretera siempre que presenten un plan de mejoras.
Por otro lado, la portavoz del Govern, Joana Barceló, afirmó que la "preocupación" por lo que pueda afectar al Estatut balear lo que decida el Constitucional con el Estatut catalán se centra en "el desarrollo" de la Carta balear, más que en el articulado. Desde la conselleria de Presidencia precisaron que en concreto podría afectar a la creación del Consell de Justicia de Balears. En cuanto a las consultas populares, cuyo desarrollo legislativo corresponde al Govern según el Estatut, Barceló precisó que aún no se ha elaborado la ley y se mostró contraria a que se usen para consultas independentistas.