Más de la mitad de los alquileres se pagan a espaldas de Hacienda

C.CANALS/I.O. PALMA. A pesar de la reforma fiscal que incentiva la transparencia en los alquileres, algo más de la mitad de las viviendas en alquiler de Balears –el 51,6 por ciento– se sigue negociando fuera del alcance del fisco, según un trabajo presentado ayer por el sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha.
El secretario general de dicho colectivo, José María Mollinedo, detalló desde Santander que estiman en 28.400 los alquileres no declarados en el archipiélago sobre el total de viviendas que se destinan a este fin, citando datos obtenidos en la página del ministerio de la Vivienda.
Cotejando esos datos con el total de alquileres recogidos por la Agencia Tributaria en la declaración del IRPF, Gestha concluye que este fraude no ha sido corregido por la reforma fiscal de 2007 y las medidas adoptadas en 2006 contra esta economía sumergida. De hecho, según sus cálculos, entre 2007 y 2008 sólo afloraron 3.169 viviendas de los 33.126 arrendamientos fraudulentos señalados. En el conjunto de España, el fraude alcanza el millón de viviendas, según el sindicato.
Garantiza Gestha que únicamente ha contabilizado alquileres de vivienda estable, no pisos vacíos, segundas residencias, locales comerciales o viviendas vacacionales ilegales; para ello ha considerado los arrendamientos que constan como beneficiarios de las deducciones establecidas entre el 100 por ciento –para propietarios con inquilinos menores de 35 años y rendimientos netos superiores a 7.236 euros– y el 50 por ciento para la mayoría de arrendadores.
Las viviendas vacacionales que proliferan en toda la ribera mediterránea, sin embargo, quedan fuera de este incentivo, que no se concede a alquileres de temporada, según explican los técnicos.
Según Mollinedo, los alquileres fraudulentos corresponden mayoritariamente a pensionistas que complementan sus retribuciones con el alquiler de una segunda vivienda, o a familias que tras adquirir un nuevo domicilio arriendan el anterior en vez de venderlo.
Se trata, por tanto de "un pequeño fraude" frente al que la maquinaria de la Administración no ha sabido imponerse: "Si ya en 2006 la ley de prevención del fraude autorizaba a la Agencia a pedir información a las compañías eléctricas y de gas sobre los pagos de sus recibos, ¿por qué no ha pedido aún esa información?", pregunta Mollinedo.
El estudio de los técnicos calcula que la cantidad que escapa al control de Hacienda con estos alquileres es superior a 78 millones de euros, equivalente a un 3,19 por ciento del total 2.450 millones en el territorio español.
El hecho de que la Agencia Tributaria lanzara ayer dudas sobre la validez del estudio de Gestha fue apreciado ayer por el secretario general del colectivo. "Están negando el dato, algo que no suele ocurrir más que cuando el dardo da en el blanco", aseguró con sorna Mollinedo.
Las consellerias autonómicas de Hacienda y Vivienda rechazaron ayer valorar los datos de Gestha, asegurando que los únicos datos válidos al respecto se encuentran en los padrones municipales, y que los trabajos del Ministerio también se fundamentan en ellos.