Justicia. Traspaso de competencias
EUROPA PRESS. MADRID
El Gobierno central trasladó hoy a la titular autonómica de Justicia, Pilar Costa, que "no tiene ningún problema" en "actualizar" el coste efectivo del traspaso de las competencias de Justicia a la comunidad autónoma", una cuestión que el Ejecutivo autonómico ve esencial para que la cesión llegue a "buen puerto". Pese a que Costa no habló de cifras, en ocasiones anteriores ha señalado que el Govern no está dispuesto a aceptar el traspaso si el coste efectivo anual es inferior a 55 millones de euros.
Así lo expuso hoy la consellera, tras mantener una reunión en Madrid con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, centrada en reanudar la negociación de la cesión de estas competencias a la comunidad y donde le ha manifestado que Baleares tiene "predisposición a aceptarlas siempre que vengan bien dotadas".
Al respecto, añadió que el coste efectivo debe basarse en un año judicial "cerrado", por lo que si las negociaciones para el traspaso prosiguen en 2010, "evidentemente se fijará como fecha para el análisis el ejercicio de 2009", explicó.
La consellera sostuvo que, por el momento, "no se puede hablar de una cantidad" para el coste efectivo, puesto que se debe proceder a la actualización del montante económico que supone el funcionamiento de la administración judicial territorializada, aunque también remarcó que hay "disposición absoluta para trabajar de inmediato" como revela, a su juicio, la creación de una comisión mixta para desarrollar la experiencia piloto de la nueva Oficina Judicial en Palma de Mallorca el año que viene.
Además, confió en que la cifra resultante del análisis del coste efectivo del traspaso sea superior a los 55 millones de euros puesto que debe reflejar la "situación existente a día de hoy", aspecto que realizarán los grupos técnicos creados entre ambas administraciones para fijar los elementos a tener en cuenta en el cálculo.
Costa explicó que uno de los ejes centrales de la negociación es el poder actualizar el coste efectivo, dado que el cálculo que se manejaba radicaba de años anteriores, y analizar el aumento económico que puede propiciar esa nueva cuantificación. Por otra parte, la consellera indicó que el otro punto central es calibrar paralelamente el anexo de inversiones en infraestructuras judiciales.
LA NUEVA SEDE JUDICIAL DE IBIZA ESTÁ "SOLVENTADA"
En este sentido, aseguró que confía en que las obras de los nuevos juzgados de Maó comiencen "inmediatamente" y el poder desarrollar una "construcción urgentísima y muy importante" como es el caso de los nuevos juzgados de Eivissa o los de Ciutadella.
Sobre el caso de Eivissa, la consellera dijo que la cuestión urbanística sobre la ubicación de esta infraestructura judicial está "solventada", al haberse aprobado el Plan General Ordenación Urbana del municipio de Eivissa, aunque no se pronunció sobre la fecha de licitación del proyecto dado que aún no se dispone de los solares que albergarán la antigua sede.
Aun así, Costa señaló que existe acuerdo en la ubicación de los nuevos juzgados en la isla --que será en la antigua escuela de Sa Graduada-- y que requiere una permuta con Patrimonio del Estado para disponer de esos terrenos, si bien esta cuestión está "encauzada" y, por tanto, espera que la tramitación de la licitación sea "ágil".
Preguntada sobre la cifra de 80 millones de euros que manejaba el PP como coste efectivo del traspaso en la anterior legislatura, la consellera de Innovación, Interior y Justicia comentó que en este asunto se "debe ser riguroso" y analizar con detalle la dimensión de la administración de justicia de cara a "trabajar con los números encima la mesa".