Los más de 3.000 profesores de la enseñanza concertada en Baleares exigen al Govern que en 2011 les abone los 540 euros anuales que dejarán de percibir en 2010 y que corresponden al complemento retributivo para equipararse al personal interino recién llegado a la pública y, en esta línea, advirtieron de que ésta es una 'condición sine quanon' para alcanzar un acuerdo con la Conselleria de Educación y Cultura, que desconvocaría la manifestación prevista para el próximo 26 de noviembre.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO, Rafa Pons, informó de que en la reunión que su sindicato, UGT, STEI y Fesie mantuvieron esta mañana con la directora general de Planificación y Centros de la Conselleria de Educación y Cultura, Elvira Badía, han rechazado la propuesta que ésta les ha entregado por "no concretar ni cantidades ni plazos".

Así, criticó que este documento no contemplaba el compromiso del conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, quien señaló que en 2011, los profesores docentes cobrarían los citados 540 euros anuales que iban a dejar de percibir el próximo año, debido a la crisis económica, que ha obligado al Govern a hacer un recorte presupuestario en la Conselleria de Educación de un -3,29 por ciento.

Ante esta situación, Pons señaló que los citados sindicatos, así como las patronales CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), UNAC (Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad Física, Psíquica y Sensorial de Baleares), la Pequeña y Mediana Empresa de Educación Infantil y las cooperativas escolares instaron a la Conselleria a que les entregue una nueva propuesta en la que se concrete cuánto y en qué plazos los profesores van a recuperar en 2011 las cantidades que no cobren en 2010.

De este modo, la Conselleria dirigida por Bartomeu Llinàs ha citado a todas estas organizaciones a una nueva reunión, que se celebrará el próximo martes a las 12.30 horas y en la que Pons espera que les presenten una propuesta con unos plazos y unas cantidades económicas que, posteriormente, los sindicatos la trasladarán a cada uno de los centros para que sean los propios docentes los que la acepten o la rechacen.