Costa aceptará el traspaso si se ´actualiza´ su coste de 55 millones

EUROPA PRESS La consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, remarcó hoy que sólo aceptará el traspaso de las competencias de Justicia a Baleares si el Ministerio dirigido por Francisco Caamaño "actualiza" el coste efectivo de la transferencia fijado en 55 millones de euros, teniendo en cuenta que esta cifra es superior, ya que hay que añadirle los alquileres provisionales de edificios que el Ministerio ha realizado en los últimos meses a la espera de que se construyan los nuevos Juzgados, como el de Ibiza.

Tras entregar el premio europeo Access-it 2009 Good Practice Label, Costa anunció que en la reunión que mantendrá el próximo lunes con Caamaño le trasladará que los 55 millones de euros "no son suficientes", a pesar de que supone un incremento del 9 por ciento en relación a la primera cifra de coste efectivo del traspaso de competencias que fijó el Ministerio de Justicia.

Por otro lado, añadió que en este encuentro transmitirá al ministro de Justicia que para que se lleve a cabo el traspaso de las competencias, también es necesario que se llegue a un acuerdo respecto al "anexo de inversiones" en los 26 edificios judiciales, que el Govern cifra en 121 millones, siendo "irrenunciables" los nuevos Juzgados de Mahón, Ciutadella e Ibiza, algo que, a su juicio, es compartido por el Ministerio.

Asimismo, indicó que también son importantes los nuevos edificios judiciales de Manacor e Inca, así como dar una solución a la "falta de espacio" en el actual edificio que comparten el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y la Audiencia Provincial.

"Tenemos ganas de tener las competencias gestionadas, pero no las queremos si no vienen bien financiadas", insistió Costa, quien indicó que en la reunión del lunes negociará con Caamaño el informe realizado hace unos meses en el que se evalúan las inversiones que se deben llevar a cabo en los edificios adscritos a la Administración de Justicia de Baleares.

Concretamente, este estudio, que fue remitido el pasado mes de mayo al ministro por el conseller de Presidencia, Albert Moragues, cuando las competencias de Justicia estaban adscritas a su departamento, concluye que se deben destinar 96,5 millones de euros a la construcción de siete nuevos edificios judiciales en Palma, Manacor, Inca, Mahón, Ciutadella e Ibiza, así como 24,4 millones de euros a la reforma de tres inmuebles en Palma y uno en Mahón.

De este modo, el Govern considera que se respondería a las necesidades actuales y de crecimiento de la planta judicial en las islas en un plazo aproximado de entre 20 y 25 años, si bien estima que las citadas cantidades económicas pueden ir variando con el tiempo.

Costa remarcó que su intención es poner de manifiesto en la reunión del próximo lunes la "firme voluntad" del Ejecutivo balear de alcanzar un acuerdo para lograr el traspaso de las competencias de Justicia con las "mejores condiciones económicas posibles", lo que se traduce en consensuar el coste efectivo de la transferencia y el anexo de inversiones para construir nuevos juzgados en el archipiélago.

"NO ASUMIREMOS LAS COMPETENCIAS A CUALQUIER PRECIO"

"Estamos abiertos a todos, pero no asumiremos las competencias a cualquier precio, ya que, desgraciadamente, tenemos ejemplos en el caso de las competencias en salud o educación que hemos visto por experiencia que ha supuesto un coste para la Comunidad Autónoma para poderlas mantener en unas condiciones dignas", recalcó la consellera.

Pese a que Costa dijo que el Govern ya maneja estudios en los que ya se tiene "claro" cuáles pueden ser las cifras económicas en las que estaría de acuerdo para que se traspasaran las competencias de Justicia, señaló que, hasta el próximo lunes, no se van a hacer públicas por "respeto" al Ministerio y por una "estrategia negociadora".

La titular balear de Innovación, Interior y Justicia reconoció que

se hace "difícil" hablar de plazos, si bien esperó que en 2010 "tengamos claro hacia dónde deben ir las negociaciones, en el sentido de si es posible llegar a un acuerdo o si seguiremos discutiendo sobre el traspaso de competencias".

Finalmente, Costa remarcó que el citado estudio sobre las necesidades en materia de infraestructuras judiciales permitirá que la negociación con Caamaño pueda ser lo "más rigurosa posible" y, en esta línea, confió en que el ministro dé una respuesta a este informe que calificó de "muy serio".

PROPIEDAD DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES

Durante la presentación de este informe el pasado 13 de mayo de este año, Moragues explicó que el Govern no exigirá al Ministerio que destine a Baleares 121 millones de euros, sino que reclamará la propiedad de los edificios existentes, con el fin de que pueda vender algunos de ellos, de cara a financiar las obras.

No obstante, apuntó que sí será una "condición sine quanon" que el Ejecutivo central pague íntegramente la construcción del nuevo edificio de Ibiza, ya que, en caso contrario, advirtió de que no se aceptará la transferencia. Por otra parte, apuntó que el Gobierno central no sólo deberá pagar el nuevo edificio de Ibiza, sino también el de Mahón y el de Ciutadella, mientras que también se está negociando que sufrague el de Manacor.

Concretamente, el objetivo del Ejecutivo balear es reducir los 26 inmuebles judiciales actuales de Baleares a 13, aunque esto supondrá incrementar el número de metros cuadrados de los 54.000 actuales a casi 93.000.

Así, el citado estudio plantea construir en Palma un nuevo edificio de la Audiencia Provincial y de Jurisdicción Penal, para lo cual se destinarían 8,7 y 37,1 millones de euros, respectivamente. Asimismo, se propone construir un nuevo edificio judicial en Manacor (10 millones), Inca (10 millones), Mahón, donde también se reformaría el edificio existente (7,9 millones), Ciutadella (5,9 millones) e Ibiza (16,8 millones).

Además, propone reformar el Palacio de Justicia de Palma como sede del TSJB (9,6 millones de euros), los juzgados de Vía Alemania (14,6 millones) y el Instituto de Medicina Legal (88.058 euros). Otra de las novedades será reducir de 15 edificios en alquiler a un único inmueble, que sería el de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia.

Con estas actuaciones, el Govern sostiene que no sólo se mejorarán los 25 Juzgados de lo Penal existentes en Palma, sino que se reservarán espacios para 12 juzgados más. Asimismo, se reservarán cuatro juzgados en Manacor; cuatro en Inca; tres en Mahón; tres en Ciutadella y 6 en Ibiza.