C. CANALS. PALMA.
El Consell de Govern ha de aprobar en días próximos –este mismo viernes o el siguiente– un anteproyecto de ley para el transporte marítimo interinsular. Cuando el texto entre en vigor, los pasajeros de los barcos que enlazan las diferentes islas de Balears verán equiparados sus derechos y deberes a los que ostentan los usuarios de aviones que cubren estas mismas rutas.
Esto implica, entre otras cosas, que las compañías deberán compensar a los pasajeros cuando interrumpan el servicio, salvo causas de fuerza mayor que deberán fijarse en una futura normativa. Asimismo, supone que el Govern podrá declarar el servicio público cuando una frecuencia sea insuficiente, según esbozó el conseller responsable, Biel Vicens, en los pasillos del Parlament.
El apartado de infracciones y sus correspondientes sanciones centra el último debate para cerrar una ley que ordenará este tipo de transporte por primera vez en 26 años, desde que se asumieron estas competencias en 1983.
Por otra parte, el president Antich aseguró ayer estar esperando la propuesta de cogestión aeroportuaria que, "antes de final de año", debe remitir el Gobierno central.
El jefe del Ejecutivo recordó que el pasado mes de agosto obtuvo el compromiso de un texto que se aplicará a los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma, aunque inicialmente se descartaba esta opción.
De hecho, el portavoz de la oposición, Francesc Fiol, se mostró ayer escéptico ante este anuncio, y aseguró que "la única propuesta conocida sobre cogestión aeroportuaria hace referencia a los grandes aeropuertos españoles y descarta a Son Sant Joan".
También el conseller Vicens mostró un cierto grado de escepticismo al decir que espera comprobar si "en esta ocasión" el Gobierno cumple su promesa.
Esta intervención de la Comunidad autónoma en Son Sant Joan debería permitir –entre otras ventajas– una mayor flexibilidad en la aplicación de tasas aeroportuarias, para salvaguardar la industria turística de las islas, según detalló el conseller.