El Gobierno central detalla que la previsión del importe económico del convenio de torrentes para el presente ejercicio asciende a 8,5 millones de euros, mientras que para 2010 iniciará los trámites de otro acuerdo valorado en 12 millones de euros.

Así lo expone el Ejecutivo en su respuesta a la pregunta parlamentaria formulada por el senador del PP por Balears Joan Fageda, quien solicitó información sobre las razones por las que aún no se había rubricado el convenio para el acondicionamiento de los torrentes isleños para un periodo de cuatro años, a razón de una inversión de 15 millones de euros cada ejercicio.

En su contestación, el Gobierno explica al senador popular que el ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino "irá suscribiendo" los acuerdos con el Govern balear "conforme a las disponibilidades crediticias". En este sentido, apunta a la inversión de 8,5 millones este año y el inicio de tramitación para habilitar 12 millones con cargo al año que viene.

Recientemente, el conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Àngel Grimalt, lamentó que en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, durante su tramitación en el Congreso, no se haya incluido una enmienda de CiU para aumentar en 15 millones las aportaciones para la adecuación de torrentes, puesto que la partida recogida en el proyecto de ley estipulaba solamente seis millones para ese concepto.

Además, recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en Balears a impulsar un convenio por unas anualidades de 15 millones de euros en 2009 y 2010, por lo que, a su juicio, esa promesa no se recogía suficientemente en los presupuestos generales. También lamentó que aún no se haya recibido la inversión para el presente año.

Malestar

Unió Mallorquina emitió recientemente un comunicado donde expresaba su "malestar" por la actitud del Ejecutivo central respecto al convenio de torrentes y criticaba la actitud de los diputados de Balears en el Congreso por no apoyar la citada enmienda de CiU. También denunció la falta de interés por parte del ejecutivo central para firmar un convenio que permita formalizar y agilizar esta cantidad económica.