EUROPA PRESS. MADRID
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó hoy en el Congreso que decidió no prorrogar las diligencias informativas, iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, sobre la situación patrimonial del ex presidente del Govern Jaume Matas, al entender que de la misma "no se desprendían datos que permitiesen continuar una línea de investigación de delitos concretos".
Además, señaló que, dentro de los principales casos que repasó en el Congreso, este asunto es el "único" en el que ha tenido que asumir la responsabilidad de intervenir como fiscal general, explicando que su puesto implica la facultad de prorrogar las diligencias de investigación "excepcionalmente". "Y si tiene la facultad de prorrogarlas excepcionalmente, también tiene la facultad de no prorrogarlas", apostilló a continuación.
Así lo expuso durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para informar de la memoria anual de su departamento del año 2008 y para explicar su criterio en los presuntos casos de corrupción que afectan a cargos públicos.
Conde-Pumpido señaló el caso que afecta al ex presidente del Govern por ser el que ha tenido que intervenir directamente y precisó que, en cumplimiento del deber de control de garantías que le confiere la ley, decidió no autorizar la prórroga de las diligencias tras los seis meses fijados de plazo.
Ello, según recordó el fiscal general, suscitó una discrepancia entre los fiscales anticorrupción encargados del caso --Juan Carrau y Pedro Horrach-- y el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, por su decisión de asumir la investigación iniciada, que se resolvió mediante el sometimiento de la misma al examen del Consejo Fiscal.
Finalmente, Conde-Pumpido añadió que, posteriormente, el juez encargado del caso Palma Arena decidió incorporar esa investigación a la actuación sobre las presuntas irregularidades en relación a la construcción del velódromo.
La decisión de la Fiscalía General de no prorrogar las diligencias informativas de esta investigación generó en su momento polémica en Baleares e incluso la Fundación Gadeso impulsó un manifiesto para solicitar que continuara la investigación.
Mientras, el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, registró en el pasado verano una petición de comparecencia, a la que se sumó ERC, para que Conde-Pumpido informara sobre esta investigación en la Diputación Permanente. La iniciativa, finalmente, no fue admitida a trámite por la Cámara al versar sobre un asunto concreto y en curso.
PROCEDIMIENTOS QUE AFECTAN A UM
Por otra parte, repasó las actuaciones seguidas contra miembros de partidos --especificando que no se trataba de imputaciones individuales-- y apuntó a que, de los 264 procedimientos penales abiertos contra cargos públicos, siete de ellos se refieren a Unió Mallorquina (UM).