El empresario mallorquín Jaime Moll y su familia han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia, dictada por la sala segunda de la Audiencia de Palma el pasado 8 de octubre, del llamado caso Royaltur, una acusación por una presunta estafa millonaria denunciada en 1997.
Moll, defendido por Rafael Perera, demuestra así su anunciada voluntad de seguir pleiteando para que le compensen y reparen por lo que él valora como una estafa de 94,12 millones de euros.
La Audiencia absolvió a Simón Galmés, Antonio Mascaró, Juan Bautista Llorens y Juan Piguillem, de la estafa imputada por Rafael Perera, en su condición de acusador particular. El fiscal anticorrupción Juan Carrau, encargado del caso desde sus comienzos, pedía la libre absolución.
El tribunal descartó, tras un juicio de varias sesiones de mañana y tarde, que en los acuerdos firmados desde 1993 a 1997 por la familia Moll con las empresas Inmobiliaria Alcázar y Geinsa para intentar salvar el grupo hotelero que llevaba su nombre, o el de Royaltur. se hubiera producido la estafa millonaria imputada por la acusación particular.
