La imagen de un político entrando en algún juzgado para declarar ya no supone una novedad en Balears, aunque pocas veces una comparecencia judicial ha creado tanta expectación como la de la presidenta del Parlamento, Maria Antònia Munar, que está citada para mañana lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en virtud de su condición de aforada.

Los investigadores analizan ahora la abundante documentación intervenida. El pasado viernes tres comisiones judiciales, enviadas por el juez del TSJB Javier Muñoz, registraron las sedes de las empresas Sacresa Terrenos y Promoción (en Barcelona), Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur-Ferratur (en el polígono de Son Bugadelles, en Calvià) y el despacho del bufete Fiol, que el portavoz del PP en el Parlament comparte con su hermanoy donde tiene la sede la UTE. Los policías y secretarios buscaban pruebas de supuestos pagos ilícitos efectuados por ambas empresas. Dos de los ex gestores de Sacresa y Pedro Francisco Ferrá están encausados.

La que fue presidenta del Consell de Mallorca y de Unió Mallorquina está imputada por el caso Can Domenge, donde se investiga si hubo malversación de fondos públicos, prevaricación y otros delitos en la pasada legislatura con la venta de dos parcelas del Consell por 30 millones de euros, cuando otra licitante ofrecía el doble.

Maria Antònia Munar, defendida por Gabriel Garcías, no participó –por lo menos sobre el papel– en la redacción de las bases del concurso ni en el posterior proceso, al encontrarse por entonces de baja por enfermedad. En cambio, su firma aparece en la escritura formalizada ante notario a los pocos días de adjudicarse la enajenación del solar a favor de la UTE Sacresa-Ferrá Tur.

En concreto, fue el 19 de junio de 2006 cuando se otorgó escritura pública ante el fedatario público, un acto que fue calificado "nulo de pleno Derecho" por el catedrático de Civil en la UIB Miguel Coca. El prestigioso letrado redactó un informe por encargo del actual equipo de gobierno del Consell, que finalmente ha dado marcha atrás a la venta de Can Domenge por incumplimiento contractual de la UTE.

El abogado Coca considera "inadmisible" que la escritura se otorgara no a la UTE que había resultado adjudicataria del concurso, sino por separado a las dos empresas que la constituían, lo cual constituyó "una anomalía con repercusión en el ámbito civil", señaló.

El hecho en sí parece no revestir excesiva gravedad –al fin y al cabo, las dos sociedades compradoras en la escritura son las mismas que constituyeron la UTE–, pero legalmente abre las dudas puesto que, por separado, las dos empresas no han contraído ninguna obligación con el Consell, y por el contrario se hicieron con la propiedad de un bien que había sido sacado a concurso no solo para venderse, sino vinculado a un proyecto de reparcelación y construcción de viviendas de lujo, al que quedaba directamente vinculado el ganador del mismo.

Lo cierto es que formalmente sólo se ha registrado la adquisición de una cuota indivisa del 5% sobre la finca por parte de Construcciones Pedro Ferrá Tur SA, mientras que el 95% restante está todavía a nombre de Sacresa Terrenos Promoción SL. Por contra, la obligación de levantar las edificaciones en el solar bajo sospecha recae exclusivamente sobre la UTE.

En el caso Can Domenge también están imputados otros dos ex consellers insulares de UM, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer, y el entonces portavoz del PP, Fernando Rubio, convocado para declarar mañana como imputado, al igual que Munar.