Caso Can Domenge. La operación se produjo tres días antes de la declaración de Munar

El TSJB registra las sedes de la UTE en busca de pagos ilícitos

Tres comisiones judiciales visitaron Sacresa, en Barcelona, Ferratur y el domicilio de la unión temporal, ubicado en el bufete Fiol

 
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La comisión judicial y la Policía salen de la sede de Ferratur en Son Bugadelles.
La comisión judicial y la Policía salen de la sede de Ferratur en Son Bugadelles.  Foto: Lorenzo Gutiérrez
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FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia ordenó ayer, dentro del sumario por la supuesta trama de corrupción político-empresarial en torno a los solares de Can Domenge, el registro de las centrales de Sacresa Terrenos Promoción S.L. (en Barcelona) y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur-Ferratur (en Son Bugadelles), así como el domicilio de la UTE Sacresa-Ferratur, ubicada en el bufete de Santiago y Francesc Fiol, portavoz del PP en el Parlament.
La Policía intervino en los tres lugares allanados varias cajas con documentación y buscó pruebas de supuestos pagos ilícitos a altos dirigentes del anterior Consell de Mallorca. La operación se realizó tres días antes de que Maria Antònia Munar, ex presidenta del Consell de Mallorca y actual presidenta del Parlament, declare, en calidad de imputada, ante el TSJB por este caso.
El caso Can Domenge versa sobre el proceso de enajenación por el anterior Consell de Mallorca, gobernado por Unió Mallorquina (UM) con los votos del PP, de dos fincas urbanizables situadas junto al velódromo Palma Arena. Los solares fueron adjudicados en un polémico concurso a la UTE Sacresa-Ferratur, que tiene dos ex ejecutivos imputados en la causa.
El magistrado Javier Muñoz dictó tres autos de entrada y registro en Ferratur y Sacresa. Las resoluciones, según explicaron los letrados de la constructora mallorquina Juan Buades y Llorenç Salvà, incluían de manera detallada el objeto de los allanamientos.
Ferratur tiene sus oficinas en la calle Madalena, 1, del polígono de Son Bugadelles, en Santa Ponça. Hasta allí se desplazó la secretaria de la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, acompañada por varios agentes del grupo de Delincuencia Económica y de los abogados de la constructora. La comisión judicial fue atendida por personal de la empresa y el registro, que acabó pasadas las dos y media de la tarde, se desarrolló sin ningún contratiempo.

Asesores de la UTE

El bufete Fiol, en la Avenida Alejandro Rosselló de Palma, fue visitado después por la misma comisión. Cuando se constituyó la UTE en 2006 Francesc Fiol no trabajaba allí, porque era conseller. El despacho lo llevaba su hermano Santiago, quien asesora desde entonces a la unión temporal, que puso como domicilio en Palma el bufete.
Básicamente, la Policía buscó en los registros documentos contables, facturas, archivos en papel y soporte informático y otras pruebas de los supuestos pagos o transferencias de fondos relacionados con todo el proceso de Can Domenge.
Algunos expertos han tasado, a fecha de 2006 en unos 60 millones de euros, el doble de los 30 millones de precio máximo de licitación establecido por el Consell, el valor de las dos fincas de Can Domenge. La anterior jueza del caso decretó una fianza de más de 37,5 millones de euros para los imputados no aforados en el sumario: los dos ex gestores de Sacresa, Pedro Francisco Ferrá Tur, y Miquel Àngel Flaquer, actual presidente de UM.

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