Munar declarará el lunes como imputada

EFE. PALMA. La presidenta del Parlament balear y presidenta de honor de Unió Mallorca (UM), Maria Antònia Munar, declarará el lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en calidad de imputada en el caso Can Domenge, un presunto asunto de corrupción urbanística en la venta de un terreno de Palma.

La segunda autoridad de Balears, tras el presidente balear Francesc Antich (PSOE), ha declarado que su citación ante la Sala Civil y Penal del TSJIB es "normal" ya que era la presidenta del Consell de Mallorca cuando se vendió en 2006 este terreno edificable de 52.000 metros cuadrados.

El caso comenzó en 2007 cuando el Grupo Núñez y Navarro, del ex presidente del F.C. Barcelona, presentó una denuncia contra el concurso de venta de Can Domenge por parte del Consell de Mallorca, cuya atribución es gobernar la isla.

Núñez y Navarro ofertó 60 millones de euros, mientras que el Consell de Mallorca se decantó por la propuesta sensiblemente inferior de 30 millones de la UTE Sacresa-Ferrà Tur.

La rúbrica del pliego de condiciones de la venta se formalizó en 2006 y quien puso la firma fue el entonces vicepresidente del Consell, Miquel Nadal (UM) porque Munar estaba enferma.

En unas recientes declaraciones, la presidenta del Parlament dijo que "el hecho de gobernar y tomar decisiones tiene consecuencias, y por tanto es normal que en un momento dado un ciudadano, como en el caso del señor Núñez y Navarro, se sienta perjudicado por una decisión del Consell de Mallorca", por lo que "demandó a todas aquellas personas que en un momento dado habían votado a favor de Can Domenge".

A día de hoy están imputados en esta causa cuatro políticos de UM: Munar, Miquel Àngel Flaquer, ex conseller de Economía del Consell y actual presidente de UM, Miquel Nadal, ex vicepresidente de la institución y actual conseller balear de Turismo, y Bartomeu Vicens, ex conseller del Territorio y que está suspendido de militancia del partido.

También está imputado el actual portavoz del PP en el Consell, Fernando Rubio, que ha argumentado que firmó el decreto de adjudicación porque en la pasada legislatura había un pacto de gobierno entre los populares y UM en esta institución.

La jueza María del Carmen González, instructora del caso antes de pasar al TSJIB, impuso recientemente una fianza de más de 38 millones de euros en concepto de responsabilidad civil al actual presidente de UM y a las empresas Sacresa y Construcciones Ferrà Tur.

Efectivos de la Policía Nacional realizaron ayer, viernes, una serie de registros en las sedes de las empresas Ferrà Tur y Sacresa, en Calvià (Mallorca) y Barcelona, respectivamente, como parte de la investigación.

Este caso ha abierto grandes diferencias entre los seis partidos que integran el Govern balear porque las formaciones de izquierda Esquerra Unida, Esquerra y Partido Socialista de Mallorca han exigido la dimisión del ex vicepresidente del Consell y actual conseller de Turismo, Miquel Nadal.

De momento, el Govern balear, presidido por el PSOE, no tomará ninguna decisión al respecto mientras que el juez no adopte medidas cautelares.