El Govern balear hizo ayer oficial la oferta a profesores de la enseñanza concertada y personal sanitario de abonarles en 2011 las mejoras salariales que inicialmente se debían hacer efectivas a lo largo de 2010, pero sin aceptar fijar plazos concretos para formalizar estos desembolsos. De momento, los sindicatos han anunciado la convocatoria de asambleas para ver si los trabajadores aceptan la fórmula planteada por la conselleria de Economía, aunque subrayan que la falta de concreción de la propuesta va a hacer más complicada su aceptación. Pese a ello, no descartan la posibilidad de abrir una negociación para fijar un nuevo calendario en el que realizar los pagos comprometidos.

El argumento esgrimido ayer por los representantes del Ejecutivo autonómico es que la caída del presupuesto de la Comunitat durante el próximo año hace inviable el pago de los citados complementos salariales –que debían llegar a docentes de la concertada, trabajadores de la sanidad y funcionarios autonómicos–, por lo que se pide a las organizaciones sindicales poder negociar durante los próximos meses un cambio en las fechas previstas para cumplir con esos compromisos.

Tras la reunión mantenida al mediodía por parte de los consellers de Economía y de Educación, Carles Manera y Bartomeu Llinàs respectivamente, con los representantes de los sindicatos y las patronales de la enseñanza concertada, estos últimos admitieron el problema que les va a suponer tener que explicar a los trabajadores que el Govern se compromete a abonar las cantidades pactadas con un año de retraso y sin querer fijar plazos concretos, dado que ello supone tener que volver a hacer un ejercicio de confianza con un Ejecutivo que ya ha incumplido el pacto inicial.

El portavoz de estas organizaciones, Paulí Aguiló, del Stei, anunció que se van a convocar asambleas para que sea el profesorado de la enseñanza concertada el que decida si se acepta o no esa propuesta, aunque afirmó que "va a ser difícil de vender". Sin embargo, el representante de las cooperativas de enseñanza, Enric Pozo, reconoció que el Govern se encuentra en una situación difícil para cumplir sus compromisos, y admitió la necesidad de hacer un ejercicio de solidaridad.

Los consellers Manera y Llinàs declararon que la postura que habían mantenido los sindicatos de enseñanza había sido de "responsabilidad". En cualquier caso, el Carles Manera subrayó que con un descenso previsto de mil millones de euros en los ingresos de la Comunitat Autònoma para 2010 resulta imposible contentar a todos, y que ahora la prioridad es apoyar a las personas que hayan perdido su empleo o no tengan ningún ingreso, frente a aquellos que siguen disfrutando de un salario.

El resultado de la posterior reunión de Manera y del conseller de Salud, Vicenç Thomàs, con los sindicatos de la sanidad pública se saldó con un resultado similar. Los representantes de los trabajadores señalaron que el panorama expuesto para la economía balear en 2010 es "deprimente", por lo que se van a realizar consultas entre el personal para decidir la postura a adoptar.

Aunque no se descartó la posibilidad de negociar ese cambio de plazos, los sindicatos consideraron especialmente grave que el Govern haya optado por aplicar un recorte del 7% en el presupuesto para sanidad, dado que ningún otra autonomía ha adoptado una medida tan drástica.