Después de casi nueve años del desplome del hotel Tívoli, los abogados de la acusación y la defensa cerraron ayer in extremis un preacuerdo verbal relativo a la indemnización de las víctimas. Cuatro de los seis encausados, en colaboración con las aseguradoras, estarían dispuestos a resarcir a las familias de los dos trabajadores muertos y a los cuatro heridos con 1,564 millones de euros en total.
Las discusiones se desarrollaron en la misma sala de vistas donde debía iniciarse el juicio. La magistrada del juzgado de lo penal número 1 de Palma ordenó desalojar la estancia hasta en dos ocasiones para que los letrados acercaran posturas. Les distanciaba una cantidad próxima a los 457.000 euros. El pacto no se formalizó porque era jornada festiva en Madrid (Día de la Almudena) y en las sedes de las compañías aseguradoras no cogían el teléfono a los letrados. Estas empresas deben dar el visto bueno al incremento de las compensaciones que les corresponde abonar.
La magistrada decidió posponer a hoy el comienzo del juicio. Si cuaja la avenencia, las acusaciones particulares se retiraran del proceso y el ministerio fiscal asumirá como propia la compensación acordada por las partes. Respecto a la responsabilidad penal, el empresario hotelero y promotor de las obras, José Forteza-Rey, el constructor Joan Rigo, el arquitecto Antonio Vila, y el aparejador Sebastián Martínez reconocerán los hechos, pero el fiscal no solicitará para ellos castigos que impliquen su encarcelamiento.
Entretanto, dos de los encausados se mantienen al margen de este arreglo porque se consideran inocentes. Se trata del aparejador que redactó el proyecto del plan de seguridad de la obra, Carlos Anselmo Blanco, y el responsable de la empresa Disconsal, Juan Prats, cuya firma fue contratada por el constructor para velar por la prevención de accidentes y la salud laboral.
Se abrió el suelo bajo sus pies
Una macabra casualidad casi ha propiciado la coincidencia de dos hechos parejos, el colapso del edificio de la calle Rodríguez Arias, donde fallecieron siete personas hace dos semanas, y la vista oral por la debacle acaecida el 19 de enero de 2001 en el hotel Tívoli de s´Arenal. Aquel día, "el suelo se abrió y nos tragó a todos", explicaba Ramón Damiá, uno de los heridos. Este hombre, yesero de profesión, se encontraba en la tercera planta del establecimiento cuando sucedieron los hechos. Una tubería se erigió en escudo e impidió que los escombros le aplastaran.
El ministerio público imputa a los seis encausados los mismos delitos: uno contra la seguridad de los trabajadores, por incumplir la normativa sobre la seguridad y salud en las obras de construcción; dos de homicidio imprudente por el fallecimiento de dos empleados; uno de lesiones imprudentes con resultados muy graves por el albañil que se ha quedado paralítico; y otros tres de lesiones imprudentes por los peones heridos de menor gravedad.
La fiscalía de siniestralidad laboral atribuye el derrumbe de uno de los dos bloques del antiguo alojamiento, el llamado ´B´, a una serie de anomalías en el proyecto y ejecución de las obras. El hotelero quería reformar a fondo el edificio, que durante años había estado abandonado y cuya estructura se había degradado. Sin embargo, el dueño únicamente habría pedido al Ayuntamiento licencia para arreglar el ala ´A´.
