El fiscal pide 34 años de cárcel para los 6 acusados por el derrumbe del Tívoli

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. Defensas y acusaciones están realizando estos días una negociación contrarreloj de cara a un acuerdo de conformidad que evite el juicio oral por el derrumbe del antiguo hotel Tívoli, ocurrido el 19 de enero de 2001 y que causó dos muertos y cuatro lesionados, uno de ellos con una gran invalidez. La vista oral está señalada para el próximo lunes en un juzgado de lo penal de Palma y el fiscal solicita para los 6 acusados 34 años de cárcel.
El fiscal de delitos laborales Miguel Ángel Anadón acusa al empresario hotelero José Forteza-Rey, dueño del antiguo establecimiento y promotor de las obras de reforma que dieron pie al accidente laboral; a Joan Rigo, constructor; Juan Antonio Vila, arquitecto que redactó el proyecto; Angel Martínez, aparejador que controlaba los trabajos; Carlos Blanco, aparejador que redactó el proyecto de plan de seguridad y salud de la obra; y a Juan Prats, responsable de la empresa Disconsal, contratada por el constructor para velar por la prevención de accidentes y la salud laboral.
El ministerio público imputa a los seis encausados los mismos delitos: uno contra la seguridad de los trabajadores, por incumplir la normativa sobre la seguridad y salud en las obras de construcción; dos de homicidio imprudente por el fallecimiento de los dos trabajadores; uno de lesiones imprudentes con resultados muy graves por el albañil que se ha quedado paralítico; y otros tres de lesiones imprudentes por los peones heridos de menor gravedad. Para cada imputado se reclama una pena de 5 años y 9 meses de cárcel.
La fiscalía de siniestralidad laboral atribuye el derrumbe de uno de los dos bloques del antiguo hotel, el llamado B, a una serie de anomalías en el proyecto y ejecución de las obras. El hotelero quería reformar a fondo el establecimiento, que durante años había estado abandonado y cuya estructura se había degradado.
Sin embargo, el dueño únicamente habría pedido al Ayuntamiento licencia para arreglar el ala A. El arquitecto también está acusado de redactar un simple proyecto básico para este bloque y de no elaborar ningún tipo de directriz para el ala B, cuyo desplomé causó las víctimas.
De acuerdo con el fiscal, los trabajos en la zona B se hicieron sin ningún tipo de proyecto y sin haber calculado el estado de la estructura del edificio.
Fuentes próximas al caso han señalado que las defensas están tratando de reunir fondos para indemnizar a las víctimas del siniestro. Inicialmente se barajan compensaciones superiores al millón de euros, dinero que sería aportado por los encausados, sus compañías de seguros y sus empresas.
El paso siguiente pasaría por pactar con las acusaciones particulares y la fiscalía unas condenas de conformidad con penas de no obligado cumplimiento.
El fiscal Anadón solicita, además de 5 años y 9 meses de prisión para cada uno de los seis acusados, penas de inhabilitación profesional y el abono de importantes indemnizaciones para las familias de los dos obreros muertos, uno de los cuales dejó un huérfano con una severa minusvalía, y otras compensaciones para los trabajadores heridos, entre los que destaca el albañil que se quedó inválido.