La defensa de Bartomeu Vicens, el ex diputado de UM y ahora parlamentario del grupo mixto y sostén del actual Govern, reclama su libre absolución en la causa por supuesta malversación de caudales públicos al pagar un informe plagiado de Internet a su antiguo contable. Vicens, junto al ex secretario general de UM Damià Nicolau, será juzgado el próximo diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Balears y medios jurídicos ven bastante probable su condena.

Bartolomé Vicens, ex conseller de Territorio del anterior Consell de Mallorca, será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia los próximos 9 y 10 de diciembre por pagar, en 2007, doce mil euros de fondos públicos a su contable a cambio de un informe plagiado, un fleco del caso Son Oms, la presunta trama de corrupción en torno al área industrial del mismo nombre. La fiscalía anticorrupción reclama 4 años y 3 meses de cárcel para Vicens; 3 años y 2 meses para Damià Nicolau, secretario general de Unió Mallorquina (UM); y 9 meses para Tomás Martín San Juan, el antiguo contable del primero.

Vicens, defendido por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, será juzgado por un aspecto tangencial del caso, un presunto "regalo" de doce mil euros que hizo a su contable, con dinero del Consell cuando era conseller de Territorio en dicha institución y Nicolau era su director insular.

Antes, Tomás Martín San Juan había hecho a Vicens diversos favores, como la obtención de facturas falsas de dos empresarios, para que aquel tuviera que pagar menos impuestos con su supuesta empresa tapadera Metalumba.

Anticorrupción acusa a Bartomeu Vicens, diputado del grupo mixto en el Parlament, de regalar doce mil euros de fondos del Consell de Mallorca para agradecer a su contable Martín "los servicios y colaboraciones prestadas y como medio para mantener su fidelidad".

Según la fiscalía, Vicens usó a su director insular Nicolau para que revistiera el expediente con el que justificar el pago de 12.000 euros a Martín, defendido por Gaspar Oliver y Ricard Mesquida.

Así Nicolau habría dictado las disposiciones y dictámenes pertinentes con los que poder abonar el dinero a cambio de un informe plagiado de Internet y que Anticorrupción tilda de inútil para los intereses públicos. El fiscal estima que Vicens y Nicolau incurrieron en una presunta prevaricación y en otro delito de malversación y reclama para el primero, 4 años y medio de cárcel y 8 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público y para el segundo, 3 años y 2 meses de prisión y 8 años y 6 meses de inhabilitación especial.