Socías admite que la llegada de barcas será ´continua´

I. OLAIZOLA. PALMA. El delegado del Gobierno, Ramon Socías, admitió ayer que la llegada a las islas de embarcaciones con inmigrantes ilegales a bordo serán "esporádicas pero continuas cada tres o cuatro meses. La ruta entre el norte de África y Balears ya está establecida, aunque no es regular ni nueva".
Estas declaraciones se produjeron tras la detención de veintidós personas el pasado miércoles en los alrededores de Cala Pi tras su llegada a la isla a bordo de un pesquero sustraído en el puerto argelino de Dellys. Estaba previsto que los 22 inmigrantes irregulares fueran trasladados en barco a primera hora de hoy al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia tras prestar declaración anoche ante la jueza de guardia asistidos por el letrado Pedro Mairata. El abogado señaló que presentará un recurso de alzada contra la orden de devolución firmada por el delegado del Gobierno.
Según reveló el delegado del Gobierno, diecisiete de ellos habrían confesado su nacionalidad argelina mientras que dos de los otros cinco declararon ante la Policía Nacional ser palestinos, otro libio, uno marroquí y el último indicó que procedía de Irak.

No era menor de edad

Además, Socías indicó que uno de los inmigrantes que declaró ser palestino sostuvo que también era menor de edad ya que tenía dieciséis años. No obstante, tras las pertinentes pruebas médicas, el fiscal de menores resolvió que no lo era. El delegado había advertido antes que si se hubiera certificado que el joven era menor de edad éste habría pasado a ser competencia de los Servicios Sociales del Consell.
Socías señaló que ninguno de ellos confesó ser el patrón de la embarcación en la que llegaron a Mallorca ya que este hecho implicaría su ingreso en prisión acusado de un delito de tráfico de personas. Es más, en tan sólo una de las quince anteriores llegadas de embarcaciones con inmigrantes ilegales se pudo detectar la presencia del patrón entre los inmigrantes irregulares.
El delegado del Gobierno justificó la decisión de remitirlos al centro de Valencia en que el cónsul argelino, que es la persona que tiene que certificar la nacionalidad de los irregulares antes de proceder a su repatriación, tiene fijada su residencia en Alicante.