Tribunales. El antiguo dirigente del Govern declarará previsiblemente el año que viene
FELIPE ARMENDÁRIZ/V.EZA PALMA.
El juzgado de instrucción 7 de Palma notificó ayer la querella, interpuesta por la fiscalía anticorrupción hace unos meses y relacionada con presuntos desvíos de fondos y otras irregularidades en la gestión y mantenimiento de la torre de Sant Elm, en Andratx, al ex president del Govern por el Partido Popular (PP) Gabriel Cañellas. El antiguo dirigente conservador, que lleva años apartado de la primera línea política, ha sido imputado en calidad de presidente de la Fundació Illes Balears, la entidad que cuidó del citado Castell durante años.
Cañellas, acompañado de su abogado, visitó ayer el juzgado de instrucción 7 de Palma, donde le fue facilitada una copia de la querella de la delegación en Balears de la fiscalía anticorrupción. El ex president del Govern ayer no prestó declaración sobre los hechos que se le atribuyen, una prueba que probablemente tenga lugar a principios del año que viene.
Para el próximo mes de diciembre el juzgado tiene previsto citar a varias personas relacionadas con la Fundació Illes Balears y el Ayuntamiento de Andratx, en calidad de testigos.
El actual consistorio de Andratx, gobernado por el Partido Socialista y Unió Mallorquina, detectó, tras las elecciones municipales de 2007, una serie de presuntas irregularidades en relación con los fondos que el anterior consistorio había dado para la conservación y aprovechamiento de la Torre de Sant Elm.
Estos hechos fueron denunciados ante la fiscalía anticorrupción que, tras realizar diversas pesquisas, interpuso la querella hace algunos meses.
El anterior Ayuntamiento de Andratx firmó, hace varios años, un convenio con la Fundació Illes Balears para sufragar los gastos de conservación del Castell de Sant Elm. Este acuerdo supuso que el consistorio sufragaba las facturas de electricidad, limpieza y servicios del recinto histórico y aportaba fondos para potenciar su empleo en actividades de "dinamización social".
Según la denuncia, el anterior consistorio pagó unos 90.000 euros a la Fundació Illes Balears, pero apenas existía documentación que justificara el uso del dinero. Entre las subvenciones otorgadas destacaba una de siete mil euros mensuales para abrir al público el antiguo castillo, que, sorprendentemente, únicamente tenía una actividad importante durante el tradicional pancaritat anual.
La querella de la fiscalía anticorrupción se interpuso por los presuntos delitos de prevaricación administrativa; malversación de caudales públicos; falsedad y fraude. Entre los querellados se encuentra también Eugenio Hidalgo, ex alcalde por el Partido Popular de Andratx y uno de los principales implicados en la supuesta trama de corrupción urbanística bautizada como Operación Voramar.
Cañellas ya fue imputado en sumarios durante su etapa como president del Govern, entre ellos los casos Calvià, Agricultura y Túnel de Sóller. Por este último, Cañellas se vio forzado a dimitir como president del Govern en 1995, aunque continuó como diputado en el Parlament. El Tribunal Superior de Justicia de Balears le declaró culpable de un cohecho ya prescrito y le absolvió de prevaricación, fallo confirmado por el Supremo.
