EFE. PALMA.
El Govern balear tiene previsto aprobar "muy pronto" la Ley de Sector Público con el fin de "garantizar" el "control" de la gestión en la Administración pública, y evitar los presuntos casos de corrupción que se están investigado correspondientes a "anteriores gobiernos y a otras instituciones".
"El mensaje que quiere transmitir el Ejecutivo a los ciudadanos es que esta ley establecerá mecanismos para garantizar la mejor gestión del mundo", ha garantizado Barceló tras la reunión del Consell de Govern celebrada hoy.
Aunque no haya sido un tema tratado hoy por el gabinete presidido por Francesc Antich, la portavoz ha sido preguntada por los asuntos de corrupción de las islas y ha defendido que el compromiso del Govern es trabajar en favor de la "transparencia" con "lealtad" hacia los ciudadanos.
Sobre la propuesta del Bloc de facilitar la suspensión de los diputados implicados en casos de corrupción, Barceló ha dicho que "todo lo que sea sumar es bueno", aunque ha apostillado que se trata de un tema que deben analizar los distintos grupos parlamentarios.
Preguntada acerca de qué hará el Govern respecto de la imputación del conseller de Turismo, Miquel Nadal, en el caso Can Domenge, ha respondido que se pedirán "responsabilidades" cuando este proceso judicial esté en "otra fase", aunque se trata de una situación que "preocupa" al Ejecutivo.
Respecto a la dimisión de ayer de la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Joana Llüisa Mascaró, la portavoz ha asegurado que en ningún caso es consecuencia de una situación de "crisis" en esta institución.
Por otra parte, sobre la construcción del Palacio de Congresos de Palma, el Govern tiene intención de que continúen las obras debido a la importancia de este proyecto, por lo que continuará trabajando para recaudar fondos económicos, también del Estado.
Dentro de los acuerdos adoptados hoy, el Consell de Govern ha dado luz verde a los contratos programa firmados con los consells de Mallorca, Menorca e Ibiza y los agentes socioeconómicos y sociales por un montante de 2,6 millones de euros.
El fin de estos programas es desarrollar acciones formativas, de autoocupación y de orientación de los "colectivo vulnerables" ante la actual situación de grave crisis económica.
También dedicará 1,1 millón de euros en tres años para mejorar la red de comunicación de emergencias, ampliando su actual cobertura al cien por cien del territorio balear. Este acuerdo permitirá dotar a la Comunidad balear de un sistema de comunicación dual a través de telefonía móvil y satélite.
El Govern aportará otros 168.000 euros a los consells insulars para desarrollar programas de apoyo a familias en situaciones especiales, procurando fortalecer o establecer los vínculos afectivos entre niños, padres y madres.
A propuesta de la Conselleria de Educación y Cultura, el Ejecutivo ha autorizado la implantación en la Universidad de las Islas Balears (UIB) del programa de doctorado de Educación Inclusiva, de acuerdo con la nueva ordenación de enseñanzas oficiales adaptadas al espacio europeo de enseñanza superior.
La portavoz ha anunciado que el Govern se personará como acusación particular en el juicio por la muerte de la última víctima en Balears de violencia machista, Snezhanza Blagoeva Cheshemedzieva, que perdió la vida a manos de su marido el pasado 12 de octubre en Santanyí, donde residían.
Barceló, que también es consellera de Trabajo y Formación, ha informado de la renuncia y cese de la director general de Ocupación y Formación, Eloísa Alonso, que no será sustituida. Deja el puesto por motivos personales y por necesidades de reestructurar este departamento autonómico, ha argumentado su principal responsable.
