El caso Son Oms nació el 4 de julio de 2007, cuando la fiscalía anticorrupción abrió unas diligencias informativas tras recibirse una primera denuncia por presunta estafa de Ángel Ochando, uno de los pequeños propietarios de solares que en su día fueron recalificados para constituir el polígono industrial del mismo nombre. En la causa, investigada en dos instancias y subdividida en varias partes, se investigan los negocios particulares que hicieron destacados políticos en relación al polígono industrial y posibles desvíos de otros fondos públicos a fines privados.
El 29 de mayo de 2008 la fiscalía denunció el caso ante el juzgado de instrucción 2 de Palma, dirigiendo las acusaciones iniciales contra Maximilià Morales, ex president del Parlament por Unió Mallorquina (UM); Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio del anterior Consell de Mallorca por UM y actual diputado en el grupo mixto del Parlament; y Jaime Montis, abogado, empresario y uno de los promotores del polígono.
El juzgado de instrucción 2 imputó a Morales, Vicens y Montis y luego amplió la nómina de encausados a la esposa de Vicens, Antònia Martorell; a la presunta testaferro de ese matrimonio, Elisabet Diéguez; al antiguo contable del diputado en el grupo mixto, Tomás Martín San Juan; y a los promotores del área industrial Bernardo Febrer Brunet y Miguel Munar Munar.
El 16 de octubre del 2008 el juez de instrucción número dos pidió al Tribunal Superior que asumiera el caso Son Oms, debido a que la condición de aforado de Vicens le impedía avanzar en el proceso. El 27 de octubre de 2008 el Alto Tribunal se declaró competente para seguir la instrucción de la parte principal del caso, aunque dejó en manos del juez número 2 el resto. Este magistrado, Juan Ignacio Lope Sola, abrió meses después la pieza separada declarada secreta y que dio pie ayer a la operación Maquillaje. En esa pieza están siendo investigados el conseller de Turismo por UM Miquel Nadal; su mujer María José Sard Bauzá; Elisabet Diéguez; el esposo de ésta, Alfredo Conde Bonnin; Miguel Sard Vicens, y, por lo menos, otras dos supuestos testaferros. El grueso del sumario en el TSJB está siendo instruido por el magistrado Antonio José Capó, que hace poco ha ratificado la existencia de indicios de los delitos de prevaricación, malversación de caudales, fiscal, cohecho, tráfico de influencias, falsedades, blanqueo de dinero, etc. Capó abrió una pieza separada contra Vicens; el ex secretario general de UM, Damià Nicolau; y el ex contable del primero, Tomás Martín, que serán juzgados en diciembre, por un informe plagiado.
