M. MANSO. PALMA.
Sin ser una decisión inédita en España, es poco habitual que el PP respalde la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil. Los populares de Balears votaron ayer a favor de la proposición no de Ley por la cual se insta al Gobierno central a aprobar un plan de recuperación de "desaparecidos violentamente" durante la confrontación desatada en 1936 o la represión posterior.
Para dar el visto bueno a esta propuesta impulsada por el Bloc per Mallorca, el PP exigió la inclusión de los fallecidos en "ambos bandos". Los parlamentarios populares se reunieron por la mañana para adoptar una postura conjunta sobre este asunto y decidieron secundar el enunciado del Bloc "prácticamente" por unanimidad, corroboró ayer su portavoz en la Cámara, Francesc Fiol. "Me parece bien que las familias de los dos bandos puedan recuperar a sus seres queridos", manifestó Fiol, quien no se mostró muy preocupado por el parecer del PP a nivel nacional.
El de Balears no es el primer desmarque de este tipo. En la Diputación Provincial de León han refrendado una moción de Izquierda Unida encaminada a facilitar las excavaciones de tumbas comunes donde reposan los restos de represaliados. En Canarias exhortaron al Ejecutivo regional a establecer mecanismos de cooperación con el Gobierno de España para ejecutar la Ley de Memoria Histórica.
La proposición del Bloc aprobada ayer en el Parlament descarga la responsabilidad de las localizaciones e identificaciones en el Gobierno central, gastos incluidos.
La postura que adoptan los partidos mayoritarios de las islas difiere de su actitud en Madrid. El pasado mes de marzo el Senado tumbó, con los votos de PP, PSOE y CIU, una proposición de reforma de la Ley de Memoria Histórica para que fuera el Gobierno el que asumiera las tareas de localización, exhumación e identificación.
Respecto a la colaboración de las comunidades autónomas en este asunto, deja mucho que desear. Hasta el mes de mayo, sólo dos territorios, País Vaco y Canarias, habían aceptado el protocolo de desenterramientos diseñado por el Gobierno. El resto, según explican desde el ministerio de Justicia, ha manifestado que la financiación de estas tareas es "competencia del Estado".
