La Policía Nacional realiza sendos registros en inmuebles

EUROPA PRESS La Policía Nacional puso en marcha desde primera hora de la mañana la 'Operación Maquillaje', por la que se ha llevado a cabo seis registros en distintos inmuebles de Palma y cuatro requerimientos de documentación en varios organismos oficiales, unas actuaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 2, que instruye el caso Son Oms.

Así lo informaron fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, que señalaron que las actuaciones han sido declaradas secretas, y en éstas también ha participado la Fiscalía Anticorrupción.

Precisamente, por el caso Son Oms se sentarán en el banquillo de los acusados los próximos días el 9 y 10 de diciembre el diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, el ex secretario general de UM, Damià Nicolau, y el antiguo contable del primero, Tomàs Martín, para ser juzgados por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), acusados de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por el pago de 12.020 euros procedentes del Consell de Mallorca por un informe plagiado sobre el suelo.

En concreto, se trata de una pieza separada del caso Son Oms en la que la Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de acusación las penas de cárcel de 4 años y seis meses para Bartomeu Vicens y de 3 años y 2 meses para Damià Nicolau por sendos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en el marco de una pieza separada del caso, relativa al supuesto pago por parte de Vicens de 12.020 euros de fondos públicos a su contable a cambio de un informe plagiado de Internet.

INSTRUCCIÓN DEL CASO SON OMS

En concreto, fue el 27 de octubre de 2008 cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se declaró competente para instruir el caso, procedente del juzgado de instrucción número 2 de Palma, debido a la condición de aforado de Vicens. Se trataba de la primera vez en la historia de la comunidad balear que un juez ordinario en Baleares pedía la adopción de una medida cautelar al TSJIB para un aforado, como es el caso de Vicens por ser diputado en el Parlament.

En relación con el procedimiento, la Fiscalía afirma que Vicens creó una sociedad, Metalumba, en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999. La empresa fue registrada a nombre de su mujer, Antònia Martorell, mientras que su presunta testaferro Elisabeth Diéguez fue designada administradora única.