Consumo abrirá una oficina en el aeropuerto para recoger quejas

MIGUEL MANSO. PALMA. Muchos enfados con las compañías aéreas se diluyen al abandonar el aeropuerto. La pereza se transforma en el principal desactivador de las quejas de los viajeros. Para combatir esta apatía y mejorar la defensa de los usuarios, la Dirección General de Consumo abrirá una oficina en la terminal de salidas de Son Sant Joan antes de que concluya el año.
"La iniciativa es pionera a nivel europeo", corrobora Diego González Carrasco, responsable de este departamento adscrito a la conselleria de Salut. La sucursal contará con el refuerzo de los funcionarios que ya acuden regularmente a los aeródromos baleares en labores de inspección y se han especializado en reclamaciones aeroportuarias.
El proyecto nace respaldado por otros tres organismos con competencias en el sector –Aena, Instituto Nacional de Consumo y Agencia Española de Seguridad Aérea–, lo que convierte la oficina en una ventanilla única. "Se recogerán hasta las reclamaciones de compañías con bandera de países de la Unión Europea distintos a España", enfatiza Diego González.
El sector aéreo es uno de los que más reclamaciones genera. Por este motivo, la Dirección General de Consumo ha emprendido diversas actuaciones para poner freno a los atropellos de algunos operadores. En noviembre de 2007 acometió el control de páginas web, publicidad en medios de comunicación y vallas de carreteras donde algunas aerolíneas ofertaban precios irreales. En 2008 impuso la aplicación del artículo 48 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, donde además de castigar por una infracción, exige la reposición del bien alterado si estuviese tasado. En 2009, la inspección ha llegado a los mostradores del aeropuerto para impedir que las compañías cobren indebidamente e incumplan la normativa europea. Consumo ha abierto expedientes a empresas que cobraban como costes adicionales el equipaje, los fletes o la emisión del billete. Además, a partir del 1 de enero entra en vigor el decreto autonómico que obliga a las aerolíneas a disponer de hojas de reclamación, como las que ya disponen bares y restaurantes.