FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
El Ayuntamiento de Andratx reclama casi 9 años de cárcel y el abono de más de un millón de euros para el ex alcalde conservador de dicha localidad, Eugenio Hidalgo, acusado de varios delitos relacionados con una serie de negocios inmobiliarios y con supuestos cohechos. La acusación particular también solicita 5 años de prisión para el constructor Manuel Zapata y una pena de multa de seis meses para Jaime Gibert, el suspendido celador municipal de obras de Andratx.
El escrito de acusación de la pieza separada 60 de las casi 70 en que se dividió el sumario del caso Andratx incluye la mayor petición de condena hasta el momento contra Hidalgo, que fue alcalde por el Partido Popular en la pasada legislatura.
Hidalgo ya ha sido condenado en otras dos piezas separadas y el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse sobre una de esas sentencias, que ha sido recurrida en casación.
Los hechos calificados ahora se derivan de las relaciones entre Hidalgo, que entre 2001 y 2006 fue teniente de alcalde Urbanismo y alcalde de Andratx, Manuel Zapata y Gibert, un imputado que hace meses pactó su colaboración con la fiscalía anticorrupción a cambio de una pena de no cumplimiento de prisión.
Hidalgo, a través de su empresa Eucar, hizo supuestamente varios negocios con Zapata, al que habría favorecido desde sus puestos de edil de Urbanismo y alcalde tramitando con inusual celeridad las licencias. Hidalgo y Gibert también compraron a principios del 2004 un solar en Cala Llamp, para el que obtuvieron una licencia de edificación. Posteriormente, y a través de la empresa Prollamp, alcalde y celador realizaron una promoción en estos terrenos junto a Zapata. En mayo del 2005 Hidalgo vendió su participación en el negocio por cerca de 370.000 euros, cuando había invertido unos pocos miles de euros. La acusación imputa a Zapata el pago de sobornos (cohechos) a Hidalgo y también un delito contra la ordenación del territorio. El ex alcalde se enfrenta a delitos continuados de negociaciones prohibidas y prevaricación, cohechos, contra la ordenación del territorio e infidelidad en la custodia de documentos.