Los hoteles sólo han intentado legalizar unas 90 plazas irregulares en dos meses y medio

F. GUIJARRO. PALMA. El acuerdo alcanzado entre las organizaciones hoteleras de las islas, los sindicatos y la conselleria de Turismo para promover la legalización de plazas irregulares no está obteniendo hasta el momento los resultados previstos, ya que transcurridos dos meses y medio de los ocho fijados como límite tan sólo se han presentado ante el citado departamento autonómico dos proyectos para regularizar la situación de unas 90 plazas, según los datos facilitados por el director general de Ordenación y Planificación, Carlos del Salvador. Pese a ello, éste manifestó su esperanza de que este proceso se agilice una vez concluida la temporada turística.
Esta situación es confirmada por el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Antoni Horrach, el cual ha anunciado que su patronal va a actuar como intermediaria entre la Conselleria y las empresas que deseen normalizar su situación, ante el posible temor de algunas de estas últimas a entrar en una "especie de lista negra" si reconocen abiertamente haber estado explotando habitaciones para alojar a turistas que inicialmente habían sido diseñadas para otros fines –como dependencias de personal o lavandería, entre otros–. De este modo, la citada patronal se ocupará de realizar los trámites necesarios para aquellos asociados que lo deseen.
Horrach no ocultó la preocupación con que se acoge el que desde que se abrió el plazo para tramitar esta legalización, el pasado 22 de julio, hasta ahora ni una sola plaza haya sido legalizada, y sólo hayan entrado dos peticiones en Turismo.
Hay que recordar que la Conselleria estimó inicialmente en más de 10.000 las plazas hoteleras irregulares, y sólo se han intentado legalizar hasta ahora unas 90.

Pedir una prórroga

El presidente de la asociación de cadenas, Aurelio Vázquez, consideró que los problemas financieros de muchos establecimientos, debidos a una temporada estival peor de lo previsto y a las dificultades para acceder a créditos, suponen un obstáculo, ya que el precio a abonar para legalizar cada plaza es de 4.300 euros.
Vázquez opinó que la estimación de la Conselleria,de que existen más de 10.000 plazas irregulares en el archipiélago está sobredimensionada, pero vaticinó que finalmente se solicitará una prórroga al plazo inicial de ocho meses, con el fin de dar más facilidades a las empresas que deseen acogerse a esa vía.