MIGUEL MANSO. PALMA.
El varapalo judicial contra el fundador del grupo Royaltur, Jaume Moll, ha sido tremendo. La Audiencia Provincial de Palma, además de absolver a los cuatro acusados por estafa, impone al empresario el pago de las costas. El ponente de la sentencia, el magistrado Juan Pedro Yllanes, resalta la "evidente temeridad" de Moll al querellarse contra el entonces vicepresidente de la Banca March, Simón Galmés, el ex director general de esta entidad, Antonio Mascaró, y los antiguos directivos de la inmobiliaria Alcázar, Juan Piguillem y Juan Bautista Llorens.
El hotelero y dueño de terrenos en Sancti Petri (Cádiz) les acusó de apoderarse de su patrimonio mediante engaño. Acudió a la vía penal en 1997, cuatro años después de que se perpetrara el hipotético expolio y dos años más tarde de abandonar su empresa a cambio de unos 2.400 millones de pesetas.
La sección segunda de la Audiencia Provincial no comprende por qué Moll tardó tanto en buscar el amparo de la Justicia, salvo "que la interposición de la querella se vincule" con una operación fallida. Tal como relató Simón Galmés durante el juicio, el patriarca se presentó en enero de 1997 en su despacho y le pidió que mediara ante Sa Nostra con el fin de recuperar su "joya de la corona", el complejo hotelero Royal Mediterráneo, en Sa Coma. Los magistrados sugieren que el "rechazo" de Galmés pudo suscitar la revancha. Lo mismo apuntan sobre el círculo familiar y profesional de Jaume Moll, quienes no se personaron como perjudicados hasta 2001, después de que el empresario se comprometiera ante notario a sufragar cualquier gasto económico que pudiera derivarse de la reclamación.
El momento en el que la familia pasa a convertirse en accionista minoritaria del emporio ocurre el 21 de diciembre de 1993. Firman un contrato en la sede de la Banca March. Los Moll sostienen que ese día cristalizó el fraude. Sin embargo, el tribunal les saca los colores y "alcanza la convicción" de que los más favorecidos de aquella firma fueron ellos mismos, porque así "disminuían las consecuencias fiscales que la operación podía acarrear" y evitaban "tener que dar explicaciones acerca de empresas domiciliadas en paraísos fiscales" y vinculadas al hijo de Jaume Moll, Antonio.
Contra esta sentencia de la Audiencia cabe imponer recurso de casación.
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