Durante la década de 1980 proliferaron los lofts, naves industriales reconvertidas en lujosa vivienda, con una superficie inasequible en suelo urbano. Hoy tal manera de vivir resultaría impensable, dado que el suelo industrial ha llegado a ser considerablemente más caro que el urbano. Y los sectores primario y secundario protestan, incapaces de costear tales cantidades.

Los precios elevados –entre los 450 euros y los 1.500 euros por metro cuadrado, aunque ocasionalmente llega a los 2.000– corresponden a la escasez de suelo. Según el informe publicado ayer por la Cámara de Comercio, las 112 hectáreas disponibles en la actualidad se encuentran muy lejos de satisfacer las necesidades de la industria a cinco años vista (361 hectáreas) y a 10 años (688 hectáreas).

Pero esta insuficiencia se ve agravada notablemente por el hecho de que el 61 por ciento del suelo supuestamente disponible se encuentra inmovilizado. Es suelo "durmiente" en manos de especuladores que esperan una subida de precios para volver a lanzarlos al mercado, explicó Jaime Ribot, de la consultora que ha redactado el estudio.

Según el presidente de la Cámara, Joan Gual de Torrella, es preciso poner coto a esta especulación, así como establecer claramente el uso al que se destina el suelo industrial, puesto que el sector servicios se ha instalado en los polígonos y ha contribuido a encarecer el precio final del metro cuadrado. A modo de ejemplo, recuerda que "ya se hablaba de la falta de suelo industrial" cuando entró en la entidad empresarial, hace dos décadas.

Sin embargo, en época de crisis –el estudio presentado se cierra en diciembre de 2008– las deslocalizaciones de empresas son muy superiores. Según Ribot, se ha dado el caso de que a una firma le salga más rentable cerrar el negocio, dividir su nave y alquilar los espacios resultantes que mantener vivo el negocio.

Las soluciones planteadas a este conflicto pasan por conseguir que todo el suelo disponible sea comercializable, incluyendo cláusulas que impidan la reventa especulativa; incentivar la creación de suelo industrial público y privado; y revisar el Plan Territorial.

La consellera Francesca Vives se comprometió además a revisar las funciones de las entidades responsables de los polígonos, IDI y GESTUR, para evitar el solapamiento de funciones.