Los empresarios de Balears pretenden conseguir un IVA propio para las islas que quede al margen de la subida anunciada por el Gobierno central para el conjunto del país. La junta de gobierno de la patronal CAEB aprobó el pasado jueves, a propuesta de su presidente, Josep Oliver, "exigir" al Ejecutivo estatal que congele los tipos de IVA en el archipiélago "para evitar un daño irreparable en los principales sectores de nuestra economía", consiguiendo así un tratamiento similar al que reciben las Islas Griegas.

Esta reclamación para que Balears tenga un tratamiento diferenciado de las comunidades autónomas peninsulares se justifica alegando que el impacto que una subida fiscal tendría sobre las islas sería muy superior al de otras zonas.

Preocupación especial

Así, se advierte que los empresarios están "especialmente preocupados" por el posible aumento del IVA reducido, que en la actualidad es del 7%, y que se aplica a la alimentación, a la restauración, a la vivienda, a los servicios sanitarios y de transporte, a las actividades de ocio, y al alojamiento turístico, entre otros sectores. El carácter "estratégico" de estas actividades en la economía isleña hace que ese anunciado aumento del tipo impositivo pueda generar "un daño irreparable" a la economía del archipiélago, por encima del que podría causar en otras regiones, según la CAEB.

Además, se recuerda que sectores como el hotelero negocian sus precios para el próximo año con los impuestos incluidos, por lo que una subida debería ser compensada a costa de los resultados de las empresas isleñas.

La patronal balear considera que en lugar de elevar el IVA, el Gobierno central debería contener el gasto público y reducir las cuotas de la Seguridad Social para estimular la contratación.

Protesta del transporte

Pero en el caso del sector del transporte, el malestar es doble, ya que también se ha anunciado desde el Ejecutivo estatal la creación de una nueva tasa sobre los combustibles.

El gerente de la federación de transportes de Balears, Salvador Servera; el presidente de la asociación del transporte discrecional, Rafael Roig; y el máximo responsable de la agrupación de autónomos del taxi, Gabriel Moragues, fueron unánimes al subrayar que las empresas de este sector están atravesando un momento dificilísimo a causa de la crisis de los sectores turísticos y de la construcción, además de la caída general del consumo, por lo que en su opinión, en lugar de elevar sus gastos lo que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero debería hacer es crear nuevas ayudas para esta actividad y para la renovación de vehículos con el fin de ayudar a retirar los más antiguos y contaminantes.

Por ello, reivindicaron que la citada tasa no se aplique sobre el consumo que realizan las empresas y muy especialmente, según Gabriel Moragues, que no afecte al transporte público, al considerar que en estos momentos no se puede aplicar una subida de tarifas para compensar este posible aumento de sus costes.