El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, imposibilitó el pasado junio la denuncia que los fiscales anticorrupción de Balears, Juan Carrau y Pedro Horrach, pensaban interponer contra el ex president del Govern del PP, Jaume Matas por presunto cohecho, derivado de la compra, supuestamente por un precio muy inferior al de mercado, de su casa en la calle Sant Felio, conocida popularmente como "el palacete". Las diligencias informativas de la fiscalía sobre el patrimonio de Matas unidas al sumario del caso Palma Arena revelan una severa división en el seno de la fiscalía, puesto que ni el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ni Bartolomé Barceló ven "dato concreto alguno" contra el antiguo dirigente conservador, mientras que los fiscales anticorrupción le acusan de cobrar sobornos en especie.

A finales de abril pasado Carrau y Horrach pidieron más tiempo para que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria pudieran seguir investigando los supuestos incrementos patrimoniales no justificados de Jaume Matas y su esposa Maite Areal, así como un presunto entramado de cobro y blanqueo de comisiones pagadas al president y al PP por contratistas de obras públicas licitadas por el anterior Govern y otros empresarios.

Anticorrupción contaba con hasta 5 denuncias anónimas y aportaba una serie de indicios contra Matas y su entorno.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, emitió un decreto el 19 de mayo archivando las pesquisas de Anticorrupción sobre Matas y contra el cuñado de éste, Fernando Areal, ex gerente del PP de Balears.

Carrau y Horrach reaccionaron al frenazo dado por Pumpido redactando una denuncia contra Matas, su mujer, y cinco personas más, a las que imputaban un presunto cohecho de casi un millón y medio de euros, la diferencia entre los 950.000 euros que el president pagó en 2006 por su casa de la calle Sant Felio, y la tasación que la Agencia Tributaria había efectuado de dicho inmueble: Casi 2,5 millones de euros, a precios de mercado. La denuncia llevaba fecha de 11 de junio.

Once días después, el fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, abortó la denuncia contra el matrimonio Matas y sus presuntos cómplices asumiendo él personalmente las diligencias sobre el ex president y apartando a Carrau y Horrach del caso.

Hace unos días, y después de que el juez José Castro decidiera incorporar al sumario del Palma Arena las pesquisas de Carrau y Horrach, el fiscal general del Estado, pese a la opinión del Consejo Fiscal expresada en julio, confirmó la decisión de Barceló. Esta postura de Conde Pumpido ha causado un fuerte malestar en la fiscalía palmesana.

La denuncia frustrada postulaba que la empresa que promovió la compra de la antigua casa señorial de la calle Sant Felio, su división en varias viviendas, su reforma y la venta de estas casas, ofreció a Matas "un precio manifiestamente inferior al de mercado", una rebaja que constituiría "una dádiva o regalo en especie". Fuentes próximas a los promotores han señalado que la casa en 2004 estaba muy deteriorada, no tenía ni baños y que Matas aplazó el pago de los 950.000 euros en dos años. "El precio era por la casa sin reformar y no se puede comparar con el valor una vez arreglado el inmueble", aseguran.

En la denuncia no interpuesta se aporta una segunda tasación del perito arquitecto Rafael Balaguer, que eleva el valor de mercado de la casa de casi 630 metros cuadrados de Matas en 2,86 millones de euros. Los fiscales anticorrupción mencionan también que Matas en octubre de 2006, cuando habría recibido la dádiva, era president del Govern y del PP de Balears. También afirman que sociedades de uno de los dos promotores de la reforma de la casa señorial tuvo contratos con organismos autonómicos y ayuntamientos del PP.

Tesis de Conde-Pompido

El importe del palacete– El fiscal general del Estado no cuestiona la diferencia entre el precio de adquisición del palacete reconocido por Matas (950.000 euros) y su valor de mercado (2,477 millones). De las diligencias practicadas no deduce que el inmueble pudiera ser un "regalo".

La empresa vendedora– Conde-Pumpido sostiene que no hay pruebas de que la sociedad vendedora del palacete haya servido para canalizar el dinero recibido por el matrimonio Matas-Areal en concepto de comisiones ilegales. Respecto al hipotético fraude fiscal que podría derivarse de la diferencia entre el precio de mercado y el reconocido en la compra-venta, carga la responsabilidad en la empresa vendedora y no en Matas.

El entramado societario– El fiscal general del Estado sostiene que las pesquisas no han demostrado que el entramado societario vertebrado por el cuñado de Matas, Fernando Areal, haya servido para canalizar las comisiones del PP o del ex president. En este punto se refiere a la Sicav participada por la constructora Melchor Mascaró, adjudicataria del Palma-Arena.

Inmuebles de familiares– Conde-Pumpido afirma que no se puede atribuir a Matas la titularidad de determinados bienes escriturados a nombre de otras personas.

Tesis de Fiscales anticorrupción

La divergencia de precios– Los fiscales Anticorrupción constatan que la escritura pública de compraventa del palacete es de 950.000 euros mientras la tasación de la Agencia Tributaria eleva su valor a 2,5 millones.

Empresa pantalla– Sostienen que hay indicios de que la empresa promotora del palacete puede ser una sociedad pantalla utilizada para canalizar el dinero de los Matas-Areal procedente de comisiones. Además, los dueños de esta empresa "pantalla" han sido adjudicatarios de contratos de la Administración.

El piso de Madrid– Aunque el piso de la calle Ramón de la Cruz ubicado en Madrid figura formalmente a nombre de Bartomeu Reus, los fiscales Anticorrupción tienen indicios manifiestos de que sería un hombre de paja. Además, los Matas-Areal emplean otra casa en la Colònia de Sant Jordi que está escriturada a nombre de la madre del ex president.

Pagos en efectivo– Les sorprenden las adquisiciones realizadas en establecimientos de Mallorca por 500.000 euros. La mayoría se pagó en efectivo.

Joyería en efectivo– En cuatro meses se gastaron 70.000 euros en una joyería. Todo abonado a tocateja.