V.EZA. PALMA.
El president Francesc Antich dedicó ayer la última parte de su discurso sobre el Estado de la Comunidad a la reorganización del Ejecutivo y, de manera especial, a medidas centradas en el sector público, tendentes a reducir el peso de las empresas públicas a través de fusiones y a aumentar los controles para evitar la corrupción. Antich resaltó que el Govern está analizando "la fusión" de algunas de las empresas públicas con el fin de "aportar más racionalidad a un sector que creció un 60% en la pasada legislatura", una expansión que, según sostuvo, "no siempre estuvo justificada".
Junto a ello, en referencia a la corrupción, sostuvo que "la totalidad de los casos que están actualmente en manos de los jueces se han producido en diversas instancias del sector público", lo que demuestra la necesidad de "transformarlo". Para ello, el principal instrumento será la próxima "ley del sector público" que combinará "la eficacia y la agilidad con el control".
"Hemos de mejorar el engranaje administrativo y el seguimiento económico de este sector público para poder detectar a tiempo cualquier problema", dejó claro el president. Agregó que el objetivo es dar a los ciudadanos "las máximas garantías de que los recursos públicos se utilizan con rigor extremo, honestidad y eficacia" y que "no se reproducirán situaciones como las que desgraciadamente han salido a la luz pública".
Junto a la reorganización del sector público, destacó la necesidad de recortes en el presupuesto de la Comunidad para el próximo año ante la caída de los ingresos a causa de la crisis. Esta reducción obligará al Govern a "priorizar políticas y a hacer ajustes en los gastos de la Comunidad", además de "aprovechar al máximo, dentro del marco legal, el endeudamiento público".
En este contexto, Antich colocó las "políticas sociales" a la cabeza de las prioridades presupuestarias del Ejecutivo, unidas a "las iniciativas de reactivación económica para crear nuevos puestos de trabajo y proyectar un nuevo modelo de crecimiento".
Por ello, los recortes deberán centrarse en "gastos no prioritarios", una política que, según dijo, ya ha iniciado el Govern. Así, aseguró que "en los últimos meses" el Ejecutivo ha reducido diferentes partidas en 13,7 millones, unos fondos que "se han destinado directamente" a políticas sociales. "Austeridad en la administración y en el sector público. En la inversión, expansión". Con esta frase Antich resumió la estrategia presupuestaria del Govern ante la crisis.