Sanidad. Salud asegura que el incremento presupuestario no es "ni sobrecoste ni desviación"
FELIPE ARMENDÁRIZ/C.CANALS. PALMA.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado una sentencia en la que ratifica la legalidad del proceso administrativo y de los cambios urbanísticos efectuados entre 2003 y 2006 por el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y el Govern para ubicar en la finca rústica Son Espases el nuevo hospital público de referencia de las islas, conocido como Son Dureta II. La sentencia destaca, frente a la postura de la orden religiosa titular del cercano monasterio de La Real contraria al emplazamiento, que Son Espases contaba con los informes técnicos a favor de todas las Administraciones.
La sentencia, que puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo, aleja, de momento, el peligro de la paralización del hospital, cuyas obras están muy avanzadas. La elección por el anterior Govern del Partido Popular de la finca Son Espases como sede del futuro gran hospital de la sanidad pública balear, que estuvo precedida de la decisión de abortar la proyectada reforma por fases del antiguo Son Dureta, causó a partir de 2003 una importante oposición por parte de algunos vecinos y colectivos del Secar de la Real y otras entidades de toda Mallorca. La plataforma no se oponía a la construcción del nuevo centro, pero cuestionaba su ubicación al entender que dañaba uno de los últimos reductos cuasi rurales de la ciudad y suponía una agresión paisajística para el monasterio de La Real y otros elementos del patrimonio histórico situados en la zona y protegidos como bienes de interés cultural.
La Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones, los recurrentes, habían pedido la suspensión de la construcción, en tanto no se dictara la sentencia.
El TSJB denegó el 15 de diciembre del 2006 esa medida cautelar, pero el Tribunal Supremo el pasado 20 de enero aceptó la solicitud de los demandantes. Diversas vicisitudes judiciales y políticas han impedido que la suspensión de los trabajos, que podría haber suscitado importantes problemas económicos y generado más paro, se haya materializado en estos meses.
Formalmente, el fallo judicial confirma un acuerdo del Consell de Mallorca (que estaba gobernado por Unió Mallorquina con apoyo del Partido Popular) de 5 de junio de 2006, donde se aprobó un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana de Palma (PGOU) para poder edificar en suelo rústico un equipamiento sanitario supramunicipal, Son Espases.
Los recurrentes alegaban que esta revisión en el PGOU se hizo mal, con lo que todo el proceso posterior de licencias y edificación del centro hospitalario estaba viciado.
No había suelo urbano
La sentencia respalda el proceso político-administrativo que desembocó en Son Espases y recuerda que, una vez que el Govern del PP decidió hacer otro hospital, pidió al Ayuntamiento de Palma informes sobre las posibles ubicaciones de dicho equipamiento. Los terrenos, todos rústicos, eran: Parte de la base militar General Asensio; Son Espases; Son Puigdorfila (junto a la Vía de Cintura) y Son Sardina.
Los informes y estudios de la gerencia de urbanismo de Palma, presidida entonces por Javier Rodrigo de Santos, se inclinaron por Son Espases, una finca a la que definieron como "una zona de expansión", que podría llamarse casi "hospitalaria", al estar junto a la nueva clínica Planas. El tribunal añade que no había suelo urbano en la ciudad para albergar al Son Dureta II y ratifica la decisión político-administrativa.