La fiscal pide multar a Martí al estimar que se negó a identificarse en sa Pobla

M. M. B. PALMA. El juicio contra el coordinador de la Obra Cultural Balear (OCB), Tomeu Martí, quedó ayer visto para sentencia después de que la fiscal solicitara para él una multa de 30 días y una cuota de 25 euros por no haberse identificado ante la Guardia Civil, mientras su abogado defensor, Josep de Luis, reclamó la absolución.
La sesión celebrada en el juzgado de instrucción número 5 de Inca desentrañó lo ocurrido en la décima edición de la Acampallengua celebrada este año en sa Pobla, donde Martí, responsable de seguridad del evento, fue detenido por tres guardias civiles en el interior del recinto. Su defensor destacó los errores de fecha, hora y nombre que contienen las diligencias redactadas por los agentes; también expresó su sorpresa porque ayer dijeron al juez que habían sido tildados de "hijos de puta"; pese a que estas ofensas no se recogen en el parte; y, finalmente, advirtió que nadie tuvo constancia del tumulto que, según los uniformados, propició su intervención. El abogado calificó la actuación de los guardias civiles de "operación al estilo Torrente" y dedujo que su intención inicial era la de detener a cualquiera.
Por su parte, la fiscal enfatizó que el relato de los testigos aportados por Martí "no resultó creíble", ya que todos coincidieron ayer en que los guardias civiles no fueron increpados, pese a que había numerosas personas alrededor y tenían el convencimiento de que el arresto era ilegal. Respecto a la identificación de Martí, hizo hincapié en que ningún testigo vio que entregara el carné a los guardias civiles, aunque lo tenía en la mano. A su juicio, el coordinador de la OCB tuvo que negarse a colaborar porque el resto de personas a los que se requirió el DNI no fueron detenidos.