La Policía Nacional trasladó el 8 de agosto a los detenidos del caso Palma Arena, el regidor de Cort Rafael Durán, el publicista Miguel Romero, los ex altos cargos del anterior Govern del Partido Popular (PP), José Ballester, y Jorge Moisés, Y el ingeniero M. Ángel Rodríguez desde Comisaría al juzgado de guardia con los protocolos habituales. Los cuatro imputados, que ese día cumplían el límite legal de 72 horas para las detenciones, llegaron a Vía Alemania escoltados y esposados. La prensa, como es habitual, fotografió y filmó su conducción desde los vehículos policiales a los calabozos del juzgado de guardia, donde había otros detenidos por delitos no de corrupción.
El PP ya en caliente inició una campaña de alcance nacional para denunciar el, en su opinión, humillante traslado y criticó a los responsables policiales y a los fiscales anticorrupción por las detenciones y las circunstancias de la conducción.
La protesta arreció cuando trascendió que el delegado del Gobierno en Palma, Ramón Socías, ha ordenado a un responsable policial que los detenidos del Palma Arena no llegaran esposados al juzgado de guardia. Este alto cargo policial admitió que se olvidó de transmitir la orden a los responsables de las conducciones.