Más de la mitad de los beneficiarios de la ley de Dependencia sigue sin recibir la ayuda

R. GALÁN / E. PRESS. PALMA. Más de la mitad de las personas que se deben beneficiar de la ley de Dependencia en Balears no ha recibido la correspondiente ayuda. Según los datos de septiembre del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el archipiélago es la segunda comunidad –después de Canarias– en la que hay más personas dependientes que aún no se han beneficiado de la prestación económica o de un servicio, ya que están a la espera de que les sean identificadas las ayudas, es decir, que les apliquen el Plan Individual de Atención (PIA).
Sin embargo, la conselleria de Asuntos Sociales explica que las comparaciones entre regiones que realiza el ministerio de Sanidad "son ficticias, debido a que cada una sigue un criterio distinto a la hora de entregar los datos y así lo han reconocido" desde Madrid.
El 58,2 por ciento de personas beneficiarias que esperan la ayuda ha disminuido respecto a junio, ya que era un 64 por ciento, aunque todavía está lejos del objetivo de Asuntos Sociales de descender al 15 ó 20 por ciento a finales de año, tal como auguró la consellera, Fina Santiago, en aquel entonces.
Los motivos que ofrece sobre el retraso son "económicos" y de "falta de infraestruturas". Respecto a los primeros, la Conselleria se basa en la escasez de recursos, por lo que está "esperando a la nueva financiación autonómica" para que este problema se solvente. Sobre la falta de infraestructuras, "el déficit heredado de centros de estancias diurnas y de residencias no puede solucionarse en dos días", pese a que este departamento negocia con ayuntamientos la contratación de plazas cuando una queda libre.
Junto a Balears y Canarias, otras comunidades que el Imserso incluye entre las que más se están retrasando en la identificación de las ayudas (económica, ayuda a domicilio, teleasistencia, atención residencial, etc.) son Extremadura, Murcia, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Prestación económica

De los datos del Imserso se deduce que en la práctica los gobiernos autonómicos están incumpliendo en su mayoría el espíritu de la norma. Aunque el texto legal establece que los servicios sociales deben dar prioridad a las prestaciones asistenciales (residencia, centro de día o de noche, teleasistencia o ayuda a domicilio), la mayoría asignan a los dependientes una prestación económica, a pesar de que la ley la contemple como una excepción.
De las 444.476 personas que cuentan con un servicio o ayuda, casi el 58 por ciento recibe una prestación económica, sobre todo para cuidados familiares.