Tensión entre un testigo y el abogado de los García-Ruiz sobre los honorarios de éstos

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. Rafael Balaguer, miembro de la oficina de información deontológica del colegio de Arquitectos y perito de las acusaciones en el caso Andratx, mantuvo ayer un forcejeo dialéctico con el letrado Josep Zaforteza, uno de los defensores de los arquitectos encausados Luis y Jaime García Ruiz. La tensión se suscitó a causa de los honorarios de los dos técnicos que culminaron Palma Arena en sustitución de Ralf Schürman, el diseñador del velódromo.
Balaguer, que compareció ante el juez José Castro como testigo, explicó las conclusiones a las que había llegado tras elaborar un informe sobre el coste comparativo del Palma Arena con instalaciones similares de otros puntos de España o del resto de Europa.
Este estudio pretendía aclarar por qué se disparó de 48 millones de euros a 110 millones el presupuesto de la pista de ciclismo.
"Como puede compararse por el propio cuadro comparativo porcentual (aportado al informe), como por el comparativo que pueden cobrar firmas de arquitectos de reconocido prestigio mundial, el contrato de consultoría técnica del velódromo Palma Arena, debe calificarse, como mínimo, de un gran despropósito, por no llamarlo de otra forma", apuntó en su estudio Rafael Balaguer en referencia a los honorarios de los García-Ruiz.
"Mi calificativo de despropósito iba en realidad dirigido globalmente al contrato, en el que se mezclaron la consultoría técnica, con un encargo de construcción, cosas que por Ley son incompatibles", dijo ayer el testigo.

Los honorarios de Schürman

Balaguer admitió, a preguntas de Zaforteza, que, cuando confeccionó su estudio, no dispuso del dato sobre los honorarios que pensaba cobrar Ralf Schürman.
Tras la declaración, abogado y testigo hablaron en un aparte en los pasillos del juzgado, charla donde afloró otra vez la tensión ocurrida dentro de la sala.
Por otro lado, también prestó declaración Margarita Torres, una funcionaria del departamento de servicios generales de la conselleria de Presidencia. Torres, letrada de profesión, asesoró a Jane King, imputada en el sumario y en la pasada legislatura persona de confianza de Rosa Estarás y Jaume Matas. La testigo relató que asesoró a King sobre varios expedientes vinculados a la construcción del velódromo. Torres ratificó que nunca vio el informe supuestamente ficticio por el que el imputado Jorge Moisés cobró 11.000 euros del Govern.