El fiscal concluye que Moll no fue estafado y pide la absolución de los acusados

MIGUEL MANSO. PALMA. El juicio del caso Royaltur se acerca a su último estertor. Después de escuchar a una veintena de personas, entre acusados, peritos y testigos de la presunta estafa al empresario Jaime Moll, el fiscal Juan Carrau ha elevado a definitiva su conclusión.
Carrau entiende que los hechos acaecidos a mediados de los años noventa no constituyen delito alguno y los cuatro acusados, antiguos directivos de la Banca March y de la inmobiliaria Alcázar, deben ser absueltos. Para el fiscal, el momento trascendental ocurrió hace 16 años, un 21 de diciembre, la víspera del sorteo del Gordo y a las puertas de la Navidad.
Aquel día, Jaume Moll firmó un contrato que le convirtió en accionista minoritario de su holding empresarial. El documento no contemplaba una inyección de 15.000 millones de pesetas por parte de sus socios, a pesar de que él sobrentendía esta inversión. Moll rubricó y obligó a sus familiares y colaboradores a hacerlo, pese a la oposición de estos. "Quizá signó engañado, confuso o sin valorar sus actos, pero no fue víctima de una estafa", resolvió Carrau. El documento suscrito aquel 21 de diciembre "era claro y evidente", dijo el fiscal. "Si Moll firmó confundido, no fue por culpa de los acusados. Sus asesores ya le advirtieron" de la consecuencia del acuerdo, que le otorgaba sólo el 29% de las participaciones y cifraba la aportación de los nuevos capitalistas en 3.000 millones, en vez de los 15.000 que él pensaba.
"Podía abstenerse de rubricar. Algunos [en concreto, su consuegro y abogado Vicente Autonell] le recomendaba ir a la suspensión de pagos". Si no siguió las directrices de sus consejeros, "no sufrió engaño". Respecto a la supuesta comisión pagada por los Moll a los encausados –Simón Galmés, Juan Piguillem, Joan Llorens y Antonio Mascaró– a cambio de obtener 15.000 millones de la inmobiliaria Alcázar, se produjo con "conocimiento" de la familia y las posibles consecuencias jurídicas de aquel cobro ya "están prescritas".
El abogado de los Moll, Rafael Perera, rebajó la indemnización de 94 a 46 millones de euros aunque mantiene los seis años de prisión para los cuatro ex directivos.