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El Grupo Moll –propietario de una docena de hoteles y un campo de golf colindante con hectáreas urbanizables en Sancti Petri (Cádiz)– afrontaba una deuda de 5.600 millones de pesetas que vencía a corto plazo, mientras los compromisos a largo rondaban los 8.900 millones, explicó el perito de parte Lluis Villaclara. En el momento de los hechos, de 1993 a 1995, el país vivía sumido en una crisis y las compras de inmuebles estaban paradas. Los peritos reclamados por los Moll sostienen que la empresa se hallaba en "quiebra contable, pero no real", porque el valor de los edificios superaba las deudas. A finales de los noventa, por aquellos inmuebles que habían pertenecido a los Moll, caso de Sa Coma, se pagaron hasta 8.000 millones de pesetas.
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