Moll afirma que fue traicionado y forzado a firmar su venta

EFE. PALMA. El que fuese propietario del Grupo Moll, que integraba las empresas Royal Resort y Royaltur, Jaime Moll, afirmó hoy en calidad de testigo que en diciembre de 1993 pactó la venta por 400 millones de pesetas de sus acciones con un ex directivo de Banca March, Antonio Mascaró, con el consejero delegado de la inmobiliaria Alcázar, Juan Piguillem, y con un representante de la filial de ésta (Geinsa), Juan Bautista Llorens, pese a que los asesores de Moll "se oponían por completo", y fue posteriormente cuando, dijo, constató que "ya había una estafa premeditada".

Así lo puso de manifiesto ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que desde ayer juzga la presunta estafa contra el Grupo Moll, dentro del caso Royaltur, que sienta en el banquillo de los acusados a Piguillem, Llorens, Mascaró y al ex vicepresidente ejecutivo de Banca March, Simón Galmés. La acusación particular, ejercida por Moll, reclama una pena de seis años de prisión para cada uno de los encausados además de una indemnización de 94 millones de euros.

Durante su intervención, Moll apuntó que firmó el anterior documento "por la confianza que me inspiraban" los demás firmantes, y en concreto Galmés, que "me engañó pese a ser una persona que apreciaba mucho, al igual que lo hizo Piguillem, diciéndome que firmase porque me iba a interesar". Pese a ello, aseveró que tras la rúbrica no cobró "ni un céntimo" aunque el documento establecía la cesión de acciones de Royal Resort a Geinsa, además de acordarse otros numerosos negocios jurídicos a llevar a cabo antes de las 24 horas de la firma del documento.

La acusación particular denuncia que los cuatro imputados desposeyeron a Moll de un patrimonio que en 1993 estaba valorado en 36.000 millones de pesetas, pese a que la Fiscalía sostiene que no hubo delito por lo que pide, al igual que las defensas, la libre absolución de los cuatro acusados.

De acuerdo a la versión que ofreció Moll durante más de dos horas de interrogatorio, Piguillem se puso en contacto con el empresario hotelero para proponerle un acuerdo por el que la inmobiliaria aportaría 15.000 millones de pesetas al Grupo Moll para "montar un grupo muy importante y conseguir su expansión hotelera". Así, le facilitó acceder a las oficinas del Grupo Moll para analizar sus cuentas, "consiguiendo una información más que completa y sin ocultar ningún detalle".

Tras puntualizar que en aquella época su grupo tenía un activo "muy superior" al pasivo, Moll explicó que en agosto de 1993 firmó un protocolo de intenciones con Piguillem y la empresa Chartex, con el que la inmobiliaria Alcázar "se comprometía a aportar 15.000 millones de pesetas" mientras que la explotación de la sociedad estaría "al 50 por ciento" entre Alcázar y Grupo Moll, pese a que en este sentido el fiscal Juan Carrau le increparía más tarde para recordarle que en el protocolo señalaba que la participación de Royal Resort sería del 27,5 por ciento de Geinsa.

"En el fondo era el 50 por ciento", insistió Moll, quien respecto a la salida a bolsa de Geinsa que constaba en el documento una vez finalizadas las operaciones, Moll aseveró que "en cualquier caso era una fase posterior al recibo de los 15.000 millones de pesetas", extremo que ayer negaron los acusados. En cuanto al contrato de diciembre, "entendí que era una continuidad del protocolo de intenciones, ya que no hay segundo sin primero".

"HUMILLADO Y ENGAÑADO"

Cuando posteriormente, Moll constató que las operaciones no se cumplían "no podía dormir, me sentía humillado y engañado", aunque aseveró que "la amargura me ha dado ánimo para vivir". Ya en relación a la firma del contrato del 21 de julio de 1995 por el que el Grupo Moll transmitió la totalidad de sus acciones a Geinsa a Royal Resort por 2.340 millones de pesetas, que "cobramos por las acciones de propiedades mías".

Ello después de que le exigiesen, dijo, que firmase el contrato de forma "forzada" y diciéndole que "o firmas o no cobras, ya que yo era un don nadie y no podía poner una querella". Respecto a la carta de agradecimiento que escribió a Piguillem como agradecimiento al final de las negociaciones, Moll sostuvo que "escribir la carta fue la extorsión más grande que he sufrido. Asimismo, aseveró que tardó tres años en interponer una querella porque "tenía depresión, estaba completamente desmoralizado y no podía pensar".

"El engaño fue seguir el consejo de mis amigos y no de mis asesores", espetó Moll, quien en cuanto a los 2.340 millones de pesetas, consideró la cantidad una "miseria", por lo que preguntado por qué su abogado había manifestado que el precio era "el justo", aseveró que su letrado, Rafael Perera, "actuó fuera de criterio y emitió una declaración absurda". En esta misma línea, resaltó que el precio "debía ser ilimitado en relación a lo que yo tenía", a lo que el fiscal le preguntó "¿todo el del mundo?". "EstaBa valorado en 36.000 millones de pesetas", enfatizó.

Moll justifica su querella en el hecho de que la inmobiliaria Alcázar, que a principios de los noventa atravesaba dificultades económicas, urdió una estrategia para hacerse con su patrimonio, compuesto por 12 establecimientos y 9.000 camas repartidos entre otros en Sa Coma, Muro, Palma y Jerez de la Frontera. Mañana está previsto que continúen la prueba testifical con el interrogatorio de Jaime Moll, Salvador Moll, Luis Javier Quetglas, Rafael Ortiz, Antonio Moll, Vicente Autonell y Antonio Autonell.