Los acusados de estafa alegan que Moll les amenazó y que ocultaba fondos al fisco

MIGUEL MANSO. PALMA. A la puerta de la Audiencia Provincial, la mujer de uno de los encausados echa cuentas del tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos. "Mis hijas han acabado la carrera y me han convertido en abuela", computa. Su marido y los otros tres acusados declararon ayer durante la primera sesión del juicio por la presunta estafa al empresario Jaume Moll, dueño de la empresa Royaltur, mascarón de proa de un holding integrado por una docena de establecimientos hoteleros repartidos entre Mallorca y Andalucía, solares en Chiclana de la Frontera (Cádiz), naves y un campo de golf. De eso, hace 16 años, cuando España atravesaba una crisis económica, el turismo padecía las consecuencias de la Guerra del Golfo y la peseta se devaluaba cada dos por tres.
Jaume Moll, que antes de hotelero había sido contrabandista, levantó un imperio a punto de desmoronarse en 1993. Sin embargo, aduce, los activos rondaban los 18.000 millones de pesetas, muy superiores a las deudas contraídas:14.000. En su acusación, el empresario sostiene que cuatro figuras de relumbrón en las finanzas mallorquinas de los años 80 y 90 se pusieron de acuerdo para apropiarse con su patrimonio y, de paso, "salvar" la inmobiliaria Alcázar, participada por Sa Nostra.
Los cuatro hombres son Simón Galmés, en esa época protagonista poderosísimo en la isla, amigo de Moll y vicepresidente de la Banca March; Juan Piguillem, quien ostentaba el cargo de consejero delegado de Alcázar; Antoni Mascaró, por aquellas fechas director general de Banca March; y Juan Bautista Llorens Beltrán de Heredia, quien ejercía de director general de la citada inmobiliaria. Para ellos se pide seis años de cárcel y 94 millones de euros de indemnización. La Fiscalía Anticorrupción no ve delito.
Los cuatro se presentaron ayer como víctimas y, al mismo tiempo, salvadores de Jaume Moll, dejaron entrever que él y su hijo Antonio ocultaban dinero al fisco y le atribuyeron una amenaza de muerte. El primero en intervenir fue Piguillem, "hombre de grandes números" aunque "sin carrera". Así se definió. Cifró la deuda del grupo hotelero en 18.000 millones e interpretó que su dueño desconocía el volumen del agujero. "Un día Moll le dijo a su hijo: ´Me dirás qué cojones debemos´. A continuación le tiró la calculadora a la cabeza", rememoró.
Una de las claves a dilucidar durante el juicio estriba en los 15.000 millones de pesetas que, según Jaume Moll, se habían comprometido a invertir para salvar Royaltur. A cambio, el hotelero y su familia cederían sus acciones a una filial de la inmobiliaria Alcázar, de la que serían socios. Aquella promesa se plasmó en un protocolo de intenciones firmado en agosto de 1993 pero jamás se concretó. Los encausados sostienen que el dinero debía proceder de la captación de fondos en Bolsa y no de Alcázar. En el documento definitivo de diciembre, donde se resuelve el trasvase accionarial a la filial de la inmobiliaria, ya no se mencionan los 15.000 millones. Moll firmó y los acusados dicen que contó con asesoramiento, incluido el de un ex inspector de Hacienda de su confianza.
A juicio de Piguillem, fueron los propietarios del holding quienes, acuciados por las deudas, les "buscaron hasta el agobio para salir" del atolladero. Todos menos Antonio Moll (hijo del patriarca), "porque le iba muy bien gracias al control del dinero B de los negocios paralelos y la caja negra de los bares". Al hilo de estas palabras, el fiscal se interesó por las empresas de los Moll en paraísos fiscales y su intención de ocultar fondos a Hacienda, a lo que el ex consejero delegado de la inmobiliaria Alcázar contestó: "El entreverado de compañías era brutal. La [sociedad] irlandesa [Greenwine] sería de eso", es decir, para garantizar la opacidad fiscal.
El ex director general de Alcázar, Juan Bautista Llorens de Heredia, con un perfil mucho más técnico, explicó que los Moll "se la metieron doblada", al ocultarles una deuda millonaria al inicio de las negociaciones. Más tarde, y urgido por los bancos, "Jaume Moll me amenazó de muerte si no le comprábamos" las acciones que poseía. En 1995 se produce esa adquisición y los Moll desaparecen de Royaltur a cambio de 2.400 millones de pesetas.
Cuando llegó su turno, Simón Galmés, ex vicepresidente de Banca March, matizó su ligazón con el empresario: "Nos reuníamos en casa. No éramos íntimos pero teníamos una buena amistad". Colegas a pesar de que el ´holding´ había contraído una deuda con la Banca March cercana a los 7.000 millones de pesetas. Este quebranto justificaba el pacto con la inmobiliaria Alcázar. De lo contrario, "no le hubiéramos seguido financiando", resuelve. "Nos engañaban", resume respecto a las cuentas de Royaltur. "La mayoría de los hoteles ya no eran suyos y pertenecían al turoperador alemán Neckermann", aseguró.