Los acusados dicen que los Moll sólo querían el dinero

EFE. PALMA. Dos de los cuatro acusados en el caso Royaltour, que se enfrentan a penas de cárcel por una supuesta estafa al grupo hotelero Moll en los años 90, se han defendido hoy en el juicio alegando que la familia Moll estaba en quiebra y sus miembros solo querían coger el dinero y "salir corriendo".

El juicio ha comenzado hoy en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma y sienta en el banquillo a la antigua cúpula de la inmobiliaria y de la Banca March por haber estafado, según la acusación particular, al grupo Moll por medio de una serie de operaciones financieras que mermaron su capital.

En su defensa, el acusado Juan Pinguillem, consejero delegado de Alcaraz cuando, en agosto de 1993, se suscribió un primer documento de intenciones para intentar reflotar al grupo Moll ha asegurado que, lejos de estafar a los Moll, la inmobiliaria fue su "salvación".

Este primer acuerdo se firmó con la intención de sacar a bolsa al grupo Moll a través de la sociedad Geinsa (cuyo accionariado era de Alcaraz), y de esta manera sanear el grupo hotelero, el cual, según ha sostenido Pinguillem, estaba en quiebra y no sabía ni lo que debía.

Para ilustrar este aspecto, ha detallado que en una reunión Jaime Moll incluso tiró una calculadora a uno de sus hijos y le espetó: "¿Me puedes decir qué cojones debemos? Porque no lo sabemos".

La acusación particular de Jaime Moll -el fiscal pide la libre absolución de los cuatro acusados- afirma que a consecuencia de las operaciones que hizo Alcáraz, el patrimonio de los Moll se vio reducido de 18.000 a 2.340 millones de pesetas en dos años.

Sin embargo, Pinguillem ha afirmado que la inmobiliaria no engañó al grupo Moll y que, al contrario, ellos son los "vilipendiados", al tiempo que ha asegurado que el hotelero se mostró muy contento después de obtener, en 1995, 2.340 millones con la venta de las acciones que tenía el grupo Moll en Geinsa tras todas las operaciones financieras planeadas por Alcaraz.

Incluso, ha añadido, Moll le dijo que le "había salvado la vida" y le regaló un "pin de brillantes".

Además, ha explicado que el grupo Moll, especialmente Antonio Moll, hijo de Jaime, tenía una serie de compañías para blanquear dinero en paraísos fiscales para "salvarse de Hacienda".

"Todo el mundo quería vender y salir corriendo, coger su dinerito y acabar con el grupo; cada hermano quería hacer su vida", ha resumido Pinguillem.

El otro acusado de Alcaraz, Juan-Bautista Llorens, ex director general de la inmobiliaria, ha afirmado que el documento de agosto de 1993 para sanear la hotelera (en diciembre del mismo año se firmó otro acuerdo con quince medidas, como la obtención de préstamos de la Banca March) estaba basado en una información "falsa" de la situación financiera del grupo Moll.

En los meses que transcurrieron entre los dos documentos, ha añadido, aparecieron además una serie de "deudas escondidas", algunas de las cuales estaban incluso a nombre de un jardinero o un jefe de cocina.

La familia Moll, ha añadido, era un "sálvese quien pueda" y "todo el mundo quería el dinero e ir a montar a caballo". "Nos la metieron doblada", ha abundado en cuanto a las cifras que le mostraba el grupo.

Llorens ha explicado además que en 1995, antes de que finalmente el grupo Moll transmitió sus acciones de Geinsa a Royal Resort SA (del grupo Moll) por 2.340 millones, Jaime Moll le amenazó con matarle si no le compraba las acciones.

Después de los ex directivos de Alcaraz, ha prestado declaración Simón Galmés, ex vicepresidente de Banca March, banco que era acreedor de unos 7.000 millones en 1993 del grupo Moll, el cual, ha asegurado, "engañaba" a la entidad en cuanto a sus situación financiera.

Los únicos beneficios que le reportaron al banco los dos préstamos concedidos por un valor de 2.100 millones de pesetas de acuerdo con el segundo acuerdo de diciembre de 1993 y con el aval de Alcázar fueron, según ha añadido, "quebraderos de cabeza para cobrar los intereses".

El ex director general adjunto de Banca March y también acusado, Antonio Mascaró, ha declarado asimismo que la situación del grupo Moll era "insostenible" y que le contaban "cuentos chinos" de sus beneficios, por lo que "o se firmaba" el documento de saneamiento con Alcaraz, "o era el fin de todo".

El abogado de Moll, Rafael Perera, solicita para cada uno de los acusados una pena de seis años de prisión. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se trató de un negocio lícito, por lo que solicita la libre absolución de los acusados y que las costas del juicio las pague Moll.

El juicio continua mañana con la declaración de los testigos, entre los que se encuentran Jaime Moll, Salvador Moll, Antoni Moll y Vicente Autonell (abogado).