El fiscal Ladislao Roig intentó durante la instrucción del caso facturas conseguir una sentencia de conformidad que afectaba principalmente al destituido jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Balears, Javier García Peña, y al constructor Jaime Ferragut. La depuración de posibles responsabilidades del coronel Luis Cuadri y el capitán José López hubiera quedado en el ámbito interno del Cuerpo.
La personación como acusación popular de la Asociación Unificada de Guardias Civiles frustró el pacto de conformidad, al anunciar su intención de ir a juicio.
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