CASO CAN DOMENGE. El presidente de um considera que su actuación fue "impecable"
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA
La magistrada de instrucción número 12 de Palma ya está estudiando su escrito de elevación del caso Can Domenge, la presunta trama de corrupción político-empresarial en torno a la venta por el anterior Consell de Mallorca de los solares del mismo nombre, a la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears, como han reclamado la fiscalía anticorrupción y la acusación particular en nombre del empresario barcelonés Josep Lluís Núñez i Navarro. Las acusaciones quieren que se impute formalmente al conseller de Turismo por Unió Mallorquina Miquel Nadal y al diputado del grupo mixto Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio del Consell de Mallorca por UM en la pasada legislatura.
La magistrada tiene que elevar al TSJB una exposición razonada sobre los indicios criminales que pesan respecto a los dos aforados Nadal y Vicens, así como en relación al resto de los encausados, para los que ayer estableció una fianza de responsabilidad civil de 38,5 millones de euros.
Nadal era vicepresidente del anterior Consell de Mallorca y, según las acusaciones, pudo haber facilitado a los ganadores del concurso, la Unión Temporal de Empresas constituida por Sacresa-Ferrá Tur, información privilegiada a las intenciones de la institución y los pormenores de la licitación y el proyecto.
Tres delitos
Sobre Vicens, que ya está imputado ante el TSJB por el caso Son Oms, la supuesta trama de corrupción en torno a la génesis y explotación de dicho polígono industrial, las acusaciones entienden que su departamento se encargó de supervisar la tasación de las parcelas urbanizables en unos 30 millones de euros. Este precio máximo de licitación supuso la mitad de su precio de mercado, según Núñez y Navarro y varios expertos que han depuesto en el sumario, entre ellos peritos de Hacienda.
Los dos dirigentes políticos, defendidos por Josep Zaforteza (Nadal) y Eduardo Valdivia-Jaume Campaner (Vicens) están acusados de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales y fraude a la Administración.
La jueza instructora está estudiando el voluminoso sumario para fundamentar su petición al Tribunal Superior.
Inicialmente, y a diferencia de lo ocurrido con la causa de Son Oms, el Alto Tribunal podría asumir toda la causa al no poder fraccionarse. Esto significa que se encargaría de completar la instrucción de todo el sumario y luego, si procede, celebrar la oportuna vista oral contra los encausados. El aforamiento de Nadal y Vicens impide a la jueza de instrucción 12 tomar contra ellos medidas cautelares, como la prisión preventiva o el establecimiento de fianza para la libertad provisional o las responsabilidades pecuniarias.